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| Javier Maroto el día que presentó sus 7 medidas para modificar el RGI el pasado 7 de octubre, una forma de marear la perdiz electoral. |
Asistimos estos días a una campaña del PP en el País Vasco en contra de la Renta de Garantía de Ingresos. Iniciada por el alcalde de Vitoria Javier Maroto, de manera directa se dirige en contra del abuso en la percepción de este subsidio, pero en el fondo late una posición populista y xenófoba, que se enlaza con un visión populachera y de extrema derecha, habitual en casos de crisis, que reivindica las prestaciones para los nacionales del propio país y que ve a los inmigrantes como abusadores del sistema (por ejemplo, defendida por Le Pen en Francia o por el Amanecer Dorado en Grecia). Hoy, día internacional para erradicar la pobreza, dedicamos esta entrada a esta propuesta.
Vayamos por partes, la propuesta
de Maroto busca la restricción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)
mediante 7 modificaciones entre las que se incluyen una mayor exigencia
temporal de empadronamiento (pasaría de 1 a 10 años), la exclusión de los
emigrantes ilegales, la inclusión de la prohibición del envío del dinero al
extranjero[1],
la exigencia de cotización previa o la obligación del preceptor de efectuar
trabajos de colaboración pública[2].
Además, en su discurso Maroto denuncia expresamente que los extranjeros
procedentes de Magreb son excesivos y se
aprovechan del sistema (literalmente afirmó que viven “en su mayoría de las
ayudas y no quieren trabajar”). De ahí que la mayor parte de sus medidas están
destinadas a excluir a los extranjeros del RGI, aunque rechaza que sea racismo.
De paso, si pueden disminuir el estado de bienestar, los del PP tampoco le hacen ascos.
El populismo de la propuesta se marca tanto en
querer alagar una imagen extendida en todos los países (también en el nuestro) que identifica a los extranjeros como parásitos
del sistema y defraudadores (mientras nos obligan a fijarnos en otros pobres, quizás olvidemos de
los ricos) como por el vehículo empleado, pues los del PP pretenden reunir
30.000 firmas para presentar una Iniciativa legislativa popular (ILP), instrumento
no pensado para que los partidos con representación presenten propuestas
legislativas (tienen otras fórmulas). De hecho, el PP planteó una enmienda en otro
texto legislativo para que los parlamentarios no pudieran presentar una ILP
La renta de garantía de ingresos
es un instrumento contra la pobreza, que posibilita que el riesgo de exclusión
en Euskadi sea menor y que la
integración social sea mayor que en otros territorios. Aun así, la
población en riesgo de exclusión social y pobreza es del 20% en nuestro ámbito.
Este sistema de protección social en una serie de prestaciones económicas de 3 tipos; renta básica
para la inclusión y la protección social, renta complementaria de ingresos de
trabajo y una ayuda para acceder a la vivienda
La regulación actual del sistema
de protección social, que tiene una antigüedad de 25 años en el País Vasco) se
contiene en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y
para la Inclusión Social (en la redacción dada por la Ley 4/2011 de 24 de
Noviembre) y los Decretos 147/2010 de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de
Ingresos y 2/2010, de 12 de enero, de Prestación complementaria de vivienda.
Sin entrar en pormenores baste a los efectos de esta
entrada precisar que el art. 16 de la Ley exige una serie de requisitos: ser
una unidad de convivencia, estar empadronado y tener una año al menos de residencia
efectiva, no disponer de recursos efectivos y ser mayor de 23 años (que se
reduce a los 18 años en ciertos supuestos). Además la cuantía del subsidio varía
desde el 88% del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta 125% del SMI en
función del número de personas de la unidad de convivencia, y el subsidio tiene
carácter bianual renovable.
Yendo al fondo del asunto se deben efectuar las
siguientes críticas ante esta propuesta electoralista
del PP:
1. Lo primero que tenemos que
precisar es que el gasto para sostener este sistema es de unos 400 millones de €
en 2014 y el fraude en cualquier caso será de una parte relativa de esa
cantidad. El PP se dirige a limitar los derechos de integración social y de los
que menos tienen y, sin embargo, el mismo día que plantea una iniciativa en el
parlamento vasco en esa dirección, suspendida al final por el plante del resto
de grupos, se ha tenido conocimiento de la declaración de ilegalidad de una
serie de ayudas a las grandes empresas (Telefónica, Banco Santander e
Iberdrola, por ejemplo) otorgada por el gobierno del PP.
Se trata de una modificación del
criterio del ministerio efectuado en el gobierno de Rajoy en marzo de 2012, que
permitía deducir de manera retroactiva la compra de participaciones financieras
de empresas fuera de la UE como ayudas fiscales. Para que nos situemos en una
sola compra de activos (de la brasileña Vico) a Telefónica se le permitía
deducir 4000 millones.
Mientras el PP presiona para
restringir el derecho de los más pobres, no tiene ningún reparo en aumentar de
manera ilícita las rebajas a las multinacionales, que ahora habrá que devolver.
2. Aunque pueda ofender cierta
sensibilidad de los nacionales la mayor presencia estadística de los extranjeros en esta prestación es
perfectamente normal, pues en ellos se concentra en mayor grado la posibilidad
de pobreza y de exclusión social[3].
De la misma manera se podría señalar que el 57,9 % de los perceptores del
subsidio son mujeres frente a un escaso 42,1% de hombres. Según los datos
estadísticos de septiembre de 2014, los nacionales del estado suponían un 59%
del total de perceptores, a los que habría que sumar un 3% más de ciudadanos de
la EU, asimilados a estos efectos a los propios ciudadanos. Del área del Magreb
proviene un 9,3% de los beneficiarios.
La mayor presencia de unos
colectivos en este sistema de integración social solo nos indica cual es la radiografía
de la pobreza en nuestro territorio; tiene rostro de mujer y rasgos extranjeros.
Por otro lado, hay que subrayar
que la existencia de este sistema de garantía de ingresos no ha generado un efecto
llamada apreciable, pues la presencia de extranjeros es menor en el País Vasco
que el conjunto del Estado español; a
datos de principio de esta año mientras que en el conjunto del estado los
extranjeros llegaban al 10%, en Euskadi su porcentaje se queda en un 7,38% del
total de la población de Euskadi. De manera específica también los originarios
del Magreb tienen un peso relativo inferior en Euskadi (cerca del 1%) que en el
conjunto del Estado (donde se aproxima al doble).
3. Por último en cuanto al
pretendido abuso el propio PP reconoce que no tiene datos acerca del fraude
social que pretende denunciar (Noticias de Álava 15 de octubre), o sea que el PP toca de oído,
sin partitura ni aval. Debemos precisar que el art. 24 de la Ley 18/2008 fija una
revisión trimestral por parte de Lanbide de los requisitos que se someten al
control telemático sin perjuicio de que efectúe cuantas revisiones estime oportunas.
Por supuesto que la normativa establece una serie de obligaciones para los
preceptores (entre ellas comunicar cualquier variación respecto del cumplimiento
de los requisitos exigidos para la concesión de la prestación), según el art.
19 de la Ley 18/2008 deben negociar, firmar y cumplir un convenio de inclusión
social (regulado en el art. 65 y ss de la Ley 18/2008), en el marco del cual la
administración debe verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
el beneficiario de las ayudas.
Es posible que el cambio de la
potestad de las diputaciones al Gobierno vasco producida en diciembre del 2011,
concentrándose en el Servicio Vasco de empleo esa capacidad, ha podido
incrementar transitoriamente un cierto descontrol. Pero si se dan casos de
fraude persistentes es problema de las propias administraciones públicas[4].
Por tanto a pesar de que sea posible
mejorar el control y evitar, por ejemplo, la cronificación en esta situación de
dependiente de la RGI, se debe subrayar que el sistema de inclusión y de
garantía de ingresos, ayuda a la integración y disminuye la repercusión de la pobreza,
extremo deseable en la actual coyuntura.
EL PP recurre a halagar los instintos
más primarios de la población para intentar remontar su descenso electoral,
aunque así incremente la incidencia de la pobreza y la exclusión electoral.
Esta propuesta no es más que una liebre electoral para despistarnos y no hablar
de lo importante, de la política económica y social del PP que nos ha traído
hasta aquí..
[1]
Inclusión superflua pues en la
actualidad la normativa ya recoge que se debe destinar todo la cuantía de la
prestación a cubrir las necesidades básicas de la unidad de convivencia y en su
caso de las necesidades de inclusión social (art. 19 1.a de la Ley 18/2008) y
de no hacerlo así, mandando remesas al extranjero, se estaría faltando a las obligaciones
básicas que les fija el cobro de al prestación.
[2]
Esta última medida nos llama la atención por redundante, pues ya se contempla
en la actual legislación; el art. 19 i bis de la Ley 18/2008 marca la
obligación de los perceptores y de los miembros de su unidad de convivencia que
estén en edad laboral mantenerse disponibles para la realización de trabajos en
beneficio de la comunidad.
[3]
Según recoge el anuario de inmigración
en el País Vasco de 2013, a datos de 2012 la tasa de pobreza entre la población
extranjera se situaba en un 26,8%, mientras que en el resto de la población ese
índice se encontraba en un 3,8%. No es extraño su mayor presencia relativa en
este instrumento de inclusión social.
[4]
Es cierto que se dan casos
puntuales que alarman a la sociedad, por ejemplo un yihadista muerto en Siria que
seguía cobrando esta prestación de manera ilícita, presentándose otra persona a
los controles periódicos.
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