Asistimos durante los últimos tiempos a un aluvión de noticias que ligan a algunos sindicatos con conductas de ética dudosa o airean comportamientos discutibles de representantes sindicales en algunas instituciones. Además, también aparecen referencias a despidos objetivos y colectivos, EREs , etc. donde los sindicatos aplican sin rubor la reforma laboral.
Es posible aducir que este
esparcimiento de boñiga política es una cortina de humo, la intención al
airearlo puede obedecer al deseo de ocultar otros porquerías del propio partido
del gobierno, por ejemplo. También es cierto que denigrar a los sindicatos es
funcional para la devaluación interna (en cristiano, para rebajar salarios y
condiciones de trabajo), único mantra contra la crisis de este gobierno.
En cierta medida es tentador
acudir a la justificación de que todos somos pecadores o el tú más. Sin duda no
se debe olvidar, por ejemplo, que la formación ha sido una fórmula de
financiación de diversas organizaciones, también de la patronal. Si tenemos en
cuenta que el ex presidente de la CEOE
está en la cárcel y a un vicepresidente le han mentido una multa elevada por
pagar en negro, no sería difícil de creer que a lo mejor también ahí cuecen
habas. Pero esto tampoco altera la responsabilidad de cada uno por sus propias
acciones. Además, la afirmación de que todos son iguales puede tener consecuencias
intencionadas pues diluye la culpabilidad mayor de aquellos partidos de gobierno y contribuye a cauterizar el poder alternativo de los sindicatos.
Pero sea cual sea la intención
del divulgador eso no altera la veracidad de los hechos denunciados, se utiliza
dinero público cuyo destino era la formación para otros menesteres más pedestres y la participación en ciertos
instituciones conlleva la distribución de ciertas prebendas, también para los
representantes de los sindicatos. Y los comportamientos empresariales más rigurosos son también el pan nuestro de
cada día en lo sindicatos.
Entonces, vayamos al mogollón, al
centro del asunto; ¿son los sindicatos corruptos? Pues no. Nada en su
articulación condiciona hacia esas prácticas, no persiguen el poder para el beneficio
de sus gestores. De hecho de manera táctica se configuran como una alternativa
relativa al poder empresarial, se estructuran como una barrera frente al poder
empresarial. De manera estratégica los sindicatos buscan la subversión del orden social en mayor
o menor medida, pero no el ejercicio directo del poder en esa nueva estructura. Los sindicatos,
recordemos, son una asociación voluntaria con fines generales de defensa de los
derechos de los trabajadores
A nuestro entender existe en el código
genético de los sindicatos cierta
tendencia a configurarse como contrapoder. De hecho la verdadera corrupción del
sindicato sucede cuando se doblega a los dictados del empresario y es la voz de
su amo (sindicato amarillo), o cuando un representante sindical se vende a los contrarios (como parecer ser
que ocurrió en Caja Madrid por algún representante sindical o político,
inmediatamente expulsados de sus
organizaciones).
Dicho esto, sin embargo, hay
algunos puntos que producen fricciones y dudas sobre el comportamiento
sindical:
1. Por un lado late en todo
sindicato un deseo comprensible de
configurarse como un prestador de servicios (de asesoría jurídica, económica,…)
para sus afiliados y para todos los trabajadores en general. La forma más
eficaz de hacerlo es adoptar los moldes empresariales, cumpliendo con las
obligaciones legales de afiliación y cotización, evitando la sobreexplotación o
el subempleo de los propios trabajadores sindicales. Pero más allá de la
constitución de una burocracia sindical, un sindicato que funciona parcialmente
como una empresa, una empresa sindical, es un oxímoron, un contrasentido como
la guerra pacífica. Y cuando se comporta como una vulgar empresa el sindicato pierde parte de su legitimidad,
aunque sean comportamientos legales.
2. Unido íntimamente a ese anhelo
de conformarse como un prestador de servicios y una gran organización se
encuentra el problema de la financiación. Un gran parte de la financiación es
pública, ajena a la financiación de los afiliados. Sin entrar en valorar la
conveniencia o no de la autofinaciación sindical o qué porcentaje debe ocupar[1],
esta dependencia de las fuentes públicas hace sensible al sindicato a la merma
de esas partidas como ha ocurrido últimamente.
Por otro lado, se da un problema de opacidad y
de cierta irregularidad. En cierta medida ambos rasgos son consecuencia de los
valores propios del régimen autoritario, con respecto al cual no hubo una
ruptura en ciertas prácticas inherentes al funcionamiento burocrático. La
primera se contrarresta con transparencia real, no meramente formal, que
explique de dónde viene el dinero al
sindicato y a dónde va. En el segundo elemento es más difícil de modificar,
pues obedece a una arraigada disonancia entre la normativa severa y una praxis muy
elástica; la práctica de entender que el papel lo aguanta todo es muy castiza;
las facturas pro forma son habituales en toda la administración pública y en las empresas,
lo que no entra en una partida se mete en otra, etc. El año pasado la
propia patronal denunció que el gobierno había gastado la
partida de formación profesional para
otros pagos, desempleo, parece.
Estas irregularidades
generalizadas, miradas con detenimiento, en más de una ocasión pueden ser
consideradas conductas ilícitas e incluso delitos. Y además, propician los comportamientos
irregulares en beneficio privado de alguno de los actores de las mismas. No
abogamos por un cumplimiento de la ley per se, sino que los sindicatos pueden valorar omitirlas, sopesando las consecuencias y si entienden que las normas son injustas;
los sindicatos deben ser necesariamente más cautos y honestos que aquello que
combaten.
3. Sin entrar a valorar la
conveniencia o no de aceptar el neocorporativismo por parte de los sindicatos,
lo cierto es que cada participación institucional debe de ser precedida por una
valoración de en qué medida conviene esa implicación en función del control
real o de intervención critica que
propicie. Debe ponderarse siempre que esa colaboración tiene costes, como
aparecer como comparsas y legitimadores de políticas inaceptables. Sin entrar
en pormenores basta con recordar el escaso efecto neutralizador de los desmanes
de las entidades financieras (cajas de ahorro) que tuvo en general la
participación sindical en los órganos de control de esas entidades.
4. Vinculado a esa participación
institucional puede existir un cierto contagio con respecto al comportamiento
de la elite política y empresarial. Ver que los demás cobran dietas,
emolumentos, utilizan tarjetas, etc con absoluta impunidad puede influir en el
comportamiento de los representantes sindicales. La contaminación por contacto
es posible, y las prebendas pueden tener una función domesticadora, pero se
debe reivindicar tanto una actuación con unos parámetros éticos superiores por
parte de los representantes sindicales, como un control más riguroso por parte
de sus organizaciones. Aquí la transparencia también es un factor de control;
quién está, dónde, qué compensaciones recibe,…
Para terminar debemos recordar
que existen diversos tipos de sindicatos, y
unos y otros poseen en un grado muy variable las características que dan
lugar a estos puntos de fricción, Pero la denigración se extiende a todas las
organizaciones sindicales y es funcional a la política neoliberal del gobierno.
[1]
Aunque en algún caso se ha afirmado desde algún sindicato mayoritario que la
financiación por cuotas llegaba al 90%, es posible que esa fuente no llegue a
un tercio del total en la mayoría de los supuestos. Sin embargo, un sindicato
concreto (ELA-STV) parece que, tras haber optado por dar prioridad a esta vía de autofinanciación, se acerca a esas
cifras (88% en 2012), existiendo cierta confirmación documental al respecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario