91. El futuro eminente: La próxima regulación sobre la jubilación anticipada y parcial

Una vez más el gobierno se dirige a manipular el reloj de las jubilaciones, retrasando las jubilaciones anticipadas y parciales y recortando las prestaciones en su caso.

El RD Ley 29/2012 dispuso la suspensión de las reglas de la Ley 27/2011 referidas a la jubilación anticipada y parcial, en concreto de los art. 5 y 6 y de la disposición final 1ª de esa ley. Aunque el Gobierno sigue deshojando la margarita sobre la forma concreta de encarar este asunto, parece que al final se ha decantado por aprobar vía Decreto Ley una serie de modificaciones sobre la jubilación anticipada y parcial que luego tramitaría como proyecto de ley.

 

Las líneas generales de esta norma van encaminadas a endurecer la posibilidad de jubilarse anticipadamente, dificultar el contrato de relevo y a fomentar la prosecución del trabajo tras alcanzar la edad de jubilación.

La edad media de jubilación actual se sitúa en torno a los 64 años (63,9 en concreto) y la pretensión del gobierno se inclinaría en subir la edad de jubilación en estos supuestos de jubilación anticipada para situar la edad mínima en  los 63 años  en estos casos[1]. Solamente se autorizaría una jubilación con una edad  menor, 61 años, para aquellas personas  que provengan de trabajos penosos, peligrosos o tóxicos o sean discapacitados. Hasta aquí la información que se ha difundido por los medios, pero empiezan las preguntas, ¿se aplicaría de la misma manera tanto en los supuestos en qué el trabajador accede al cese por causa no imputable a él que en los ceses voluntarios?. Por otro lado ¿esta regulación futura supondrá la modificación de todas las jubilaciones anticipadas por razón de grupo o actividad profesional? Hasta ahora existen una serie de actividades (desde la minería de carbón hasta los ertzainas), a las que se pueden añadir otras más a través  del procedimiento del Real Decreto 1698/2011, en las que es  posible jubilarse con una edad inferior a la general de 65 años. Recuérdese,  por ejemplo, que los mineros del carbón o los trabajadores del mar se pueden jubilar con 52 y 55 años, respectivamente. ¿Se subirán las edades en estos ámbitos profesionales también?

Por otro lado, se ha mantenido hasta ahora en las diversas modificaciones legales de la jubilación la posibilidad de que los trabajadores que estuvieran adscritos a las mutualidades laborales por cuenta ajena con anterioridad al 1 de enero de 1967 se jubilen a partir de los 60 años[2]. De todas formas, con respecto a esta jubilación anticipada de origen histórico y transitoria en la práctica la modificación futura no afectaría a demasiados ex­-mutualistas, pues estos tendrán ya al menos 60 años  en la actualidad, ya que para ser mutualistas antes de 1967 deberían de tener entonces al menos la edad mínima de acceso al trabajo, 14 años. En cualquier caso, aquí tampoco sabemos si se optará por incluirles en el límite general de 63 años o en el específico de 61 años.

Respecto al contrato de relevo según las noticias difundidas  el gobierno endurecerá las condiciones para acceder a este contrato mediante la exigencia de que la jornada laboral mínima sea del 50% (ahora es del 25%, art. 8 del R Decreto 1991/1984 en relación con el art. 166.1 LGSS) y de que el periodo mínimo de cotización en el trabajador jubilado parcialmente sea de 33 años (hasta ahora eran 30 años, 166.2.d LGSS). Además, el empresario se debería hacer cargo de todas las cotizaciones tanto del jubilado parcialmente y del relevista. Es una manera de dificultar la jubilación parcial como fórmula de acceso al retiro con anterioridad a la edad general. El volumen de estos contratos no es que sea demasiado alto y ha sido afectado por la crisis, pues ha bajado de  34.618 en el año 2006 a 19.117 en 2011. Aunque no se elimina el contrato parece que al endurecer  las condiciones de acceso bajaría aun más estos números, por lo que se intuye una posible situación transitoria o normas especificas para ciertos sectores.

Por último, el gobierno pretende modificar las condiciones de trabajo tras superar las condiciones de acceso a la jubilación. Se trataría de trabajadores que teniendo la edad de acceso a la jubilación y el total de periodo de cotización exigido continúan trabajando. Se anuncia que  el gobierno modificará la cotización para los trabajadores que continúen trabajando tras cumplir 65 años, incluyendo sólo incapacidad temporal, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Además se incluiría una cotización en cuantía aún por determinar de solidaridad. No se vislumbra con exactitud las modificaciones concretas que se plantean con respecto al art. 112 LGSS modificado por la Ley 27/2011, que ya recogía esa exoneración parcial de contingencias.

La información distribuida no aclara puntos importantes como el mantenimiento o no de la jubilación anticipada para los empleados públicos adscritos a MUFACE, por ejemplo. Seguimos a la espera y nos tememos lo peor; recortes coyunturales que devienen en permanentes, restricciones de derechos por motivos económicos, legislación de urgencia para cuestiones estables y aprobación vía decreto sin más justificación que la voluntad del gobierno.

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[1] La ley 27/2011 fija la edad mínima en 61 años para la jubilación anticipada estable.

[2] Existen otras fechas para trabajadores de mutualidades especiales como las correspondientes a Renfe (14.07.67), FEVE (19.12.69) o de los trabajadores del mar (01.08.70) por lo que la afirmación de que la edad actual mínima de esas personas es de 60 años con respecto a estos colectivos debe ser matizada.

90. Soluciones chirenes y extravagantes de la Patronal contra el desempleo

Y, ¿ahora qué digo yo, si ya he dicho todas las tonterias que se me han ocurrido? parece pensar Rosell. Nosotros quedamos pendientes de sus próximas ocurrencias.

Rossell, el vocero de la patronal, vuelve a la carga y planea otra vez el contrato único, los mini-empleos para los jóvenes y otras ocurrencias igual de graciosas para solventar el desempleo. Comentamos las distintas propuestas de este retrogado reformista.

De entrada arregla el desempleo con un pase mágico; ¡Zas!, y un millón de parados menos. ¿Cómo?, nos preguntaremos. Fácil, quitando validez a la encuesta de Población activa. “La EPA de los seis millones de parados no es verdad. Es una estadística de 65.000 personas que hacemos desde hace muchísimo tiempo, pero para saber los parados lo mejor es ir al registro, a los que se apuntan”. No es una cuestión metodológica. No, es puramente partidista. Si fuera menos la del registro del SPEE, reivindicaría esa. La EPA marca cerca 6 millones mientras que en el Servicio Público de empleo registra algo más de un millón menos, pues una parte de los desempleados se desencantan y dejan de dar su nombre en el registro ante la imposibilidad de encontrar un empleo. Aún así, quedan 5 millones, pero en un minuto ha disminuido en uno el volumen de desempleados, el resto otro día.

De seguido Roseell nos dice que “Si a mí me dejas la legislación laboral, te la cambio en una semana” la quito y fuera parece decir. Derechos, regulaciones, limitaciones,… todo eso es un estorbo. Cuanta menos regulación jurídica y menos derechos para los trabajadores, más poder para los empresarios y más miseria para el resto. La culpa de la recesión y la crisis Rosell la encuentra en la regulación laboral, por lo visto, no en la falta de regulación y de control en ciertos mercados especulativos. Arrimando el ascua a su sardina, reclaman todo el poder para los empresarios que algunas migajas daremos. 

Luego vuelve con el contrato único, “Lo único que queremos es un contrato muy simple, muy fácil, de tres líneas sin bonificación, con un periodo de prueba y que a partir de ahí sea indefinido y con unas condiciones de salida pactadas en función de los años que se haya estado”. El contrato único es el ouroboros de la patronal,  la serpiente que se come a sí misma, la eterna solución mítica que nada solucionaría. 

Otras perlas de esta joya se han centrado en los minijobs. “Aunque los sindicatos lo llaman contratos basura, nosotros creemos que es mejor tener a la gente trabajando una hora, dos horas o tres horas que cero. Esa es nuestra teoría.” Que no en vuestra praxis diríamos, que es peor.  El próximo paso será reclamar el no contrato, o sin salario, mejor trabajando sin cobrar que quieto nos dirán. Todo se andará.  De todas formas, los mini-jobs son la forma alemana de hacer dumping social, aquí los empresarios tiene otras formas de hacer dumping.

También insistió en que se podría mandar los funcionarios a casa pagándoles porque así al menos se ahorraría en tfno. Y para hacer su trabajo, creemos nosotros que piensa él, contratar a tus empresas y pagarte  a ti. Este hombre, ¿es tan tonto como parece? O,  simplemente ¿es un desvergonzado? Habla de los funcionarios como grasa sobrante y como si él y los empresarios fueran el antídoto contra el colesterol, cuando las subvenciones a la banca, se llevan este año la grasa y el magro de nuestras cuentas.

“Tal es la situación que tenemos que probar cualquier cosa”, dice el representante de los empresarios. Por una vez estamos de acuerdo, podríamos probar cosas nuevas,  incluso limitar el poder de los empresarios y regular las especulaciones que nos han traído hasta aquí.

La crisis y la recesión se han producido no por el descontrol en la gestión de los bancos y en la construcción, sino por el despilfarro en los salarios, parece decir Rosell y los corderos se comen a los lobos, seguro. Y, por eso, el ex-presidente de la CEOE está en la carcel, ...por las condiciones laborales de los obreros.

89. Baremo de lesiones no invalidantes: ¿El óbolo que mantiene el desequilibrio?

Este fotomontaje publicado en El Levante ilustra el "precio" de algunas pérdidas laborales

Estos días, tal vez, la vorágine y el ruido de las cuentas y los papeles del PP han ocultado otras noticias. El BOE, a menor ritmo que el año pasado, sigue publicando normas, algunas comentadas acertadamente como el RDL 1/2012 por parte de Eduardo Rojo, pero otras han pasado más desapercibidas. Este parece ser el caso de la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero

Se trata de una norma que actualiza las indemnizaciones de las lesiones permanentes no invalidantes originadas por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Desde el punto de vista legislativo la norma trae causa de la disposición adicional nº 56 del TRLGSS, añadida por el art. 2.2 de la Ley 27/2011, por la que se encomendaba al gobierno las actualización de estas cuantías.

Estamos ante un baremo que procede a compensar las lesiones, mutilaciones y deformidades que siendo permanentes no posean carácter invalidante, y por tanto no generan derecho al cobro de una pensión. El origen de este peculiar mecanismo se encuentra en el art. 43 del reglamento de ejecución del Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprobaba el Texto Refundido de la legislación de accidentes de trabajo. Posteriormente el Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones, aceptó esta fórmula en sistema de Seguridad social y la Orden de 19 de abril de 1969 incorporó en su anexo la primera de las varias actualizaciones que ha tenido el baremo. En la actualidad su regulación se encuentra en los artículos 150, 151 y 152 del TRLGSS. Paralelamente desde el baremo inicial se han sucedido actualizaciones en 1969, 1974, 1991, 2005 y la actual, y de las 71 categorías o niveles indemnizatorios contenidos en el 1956 se han pasado a las 110 de la última norma. Al margen de estos incrementos, la única modificación sustantiva se encuentra en la Orden de 11 mayo 1988 que elimina las diferencias por sexo en ciertas pérdidas anatómicas (nariz y lesiones en la cara)

A nuestro juicio este sistema indemnizatorio plantea varios problemas:

1. Las cuantías del baremo son escasamente compensatorias del daño sufrido. Más allá de las actualizaciones, que compensan la subida del IPC, desconocemos a qué criterios obedecen esas cuantías. A modo de ejemplo, 6810€ por la pérdida total del pene, 3830€ por la pérdida de las dos orejas o 5460€ por las dos mamas en el caso de la mujer, no parece que puedan compensar la carencia anatómica de esos órganos ni se acercan a la valoración social que compensaría la privación de estas partes del cuerpo a resultas de un accidente, sea éste de trabajo o de otra índole. Cuando empecé como abogado recuerdo que las cuantías del baremo (de la Orden de 5 de abril de 1974, entonces) eran tan bajas que las propias Mutuas doblan la indemnización sin discusión alguna.

2. La diferencia de las cuantías con la compensación de las incapacidades permanentes vía pensiones es demasiado grande para que este sistema funcione o se interiorice como justo. A pesar de que, en teoría, las indemnizaciones se conectan con la pérdida de la capacidad para el trabajo no existe en el baremo ninguna ligazón entre las lesiones y la pérdida funcional para el trabajo, inferior al 33% para los asalariados y hasta el 50% para los autónomos, que posibilitará fijar cuantías superiores cuanto mayor fuera la perdida funcional.

En la actualidad el cuadro se sitúa entre los 500€ que se valora la anquilosis de un dedo y los 7940€ que compensan la pérdida de la nariz

3. Las actualizaciones se producen tras lapsos de tiempo muy prolongados por lo que en su vigencia se tornan más ineficaces cuanto más se mantiene en vigor la norma. Además, estas no suelen compensar el incremento sufrido por el coste de la vida. Por ejemplo, la Orden ESS/66/2013 procede a aplicar un incremento del 19,7 % pero el incremento de precios entre diciembre de 2004 a diciembre de 2013 es de un 23,1%. Se ha eliminado el último año dado  el gran aumento del IPC por las subidas de impuestos. La propia actualización supone el reconocimiento que las lesiones dadas en los últimos años eran ineficaces e injustas, pues al menos estaban un 20% por debajo de lo que en origen se pensó adecuado. Incrementos automáticos, plazos máximos para las actualizaciones u otras fórmulas similares serían instrumentos posibles para neutralizar esta pérdida del valor compensatorio del baremo.

Estamos ante un revival de un sistema que sería oportuno juzgar si funciona y satisface las pérdidas y graves lesiones que acompañan a los accidentes de trabajo. Por mi parte, siempre me han parecido una bagatela, un óbolo barato que mantiene el desequilibrio generado por todo accidente de trabajo.

88. Lecciones del asunto de Bárcenas

Esta imagen representa bien las explicaciones marianistas sobre las papeles de Bárcenas: entre  burla al oyente o pura demostración de tontería propia, ahí le anda.

Estos días se ha aireado los papeles donde aparece la contabilidad B del PP y aparecen pagos a algunos dirigentes, aparentemente no declarados después, y financiación de empresarios que supera los límites legales, al parecer posteriormente beneficiados por la adjudicación de obras públicas.  Son varias las lecturas que se pueden realizar sobre este asunto y sobre las reacciones del PP, pero a nosotros nos interesa insertar este dato desde una cierta caracterización de nuestra cultura jurídica.

 

1. El asunto Gurtel y Bárcenas comenzó en 2009 pero no ha terminado y no hay fecha conocida de terminación. Bárcenas resultó afectado por la trama Gurtel, ha renunciado al escaño de senador y ha procedido a suspender su militancia pero no ha habido juicio y todo se desvanece en la espera. Los implicados en la trama han salido de la cárcel y no se vislumbra cuando volverán a ella. La justicia es lenta, y al dilatarse en el tiempo corre el riesgo de ser ineficaz. Una justicia tardía, un justicia a deshora es siempre injusta.

2. Es llamativo el contraste entre la  rotundidad de las normas y la levedad de su práctica. Hay conciencia generalizada de que existen dos órdenes normativos, el teórico y el real. Es una praxis habitual que existan transacciones sin factura, en negro, para ahorrarse el IVA. O dos contabilidades. El trabajo en negro, sumergido posee un efecto no menor del 20% del PIB. El sistema normativo es homologable con otros europeos, sobre el papel. La praxis, sin embargo, está lenificada, pero beneficia más a quien más tiene. Respecto a este tema, un diputado del PP lo ha dicho con toda franqueza; la financiación de los partidos tiene una zona oscura. En esa zona obscura hay quien, además, barre para su casa y le dejan.

3. Como se cantaba en el gaucho Martín Fierro la ley es tela de araña, que deja pasar al rico y atrapa al chico, o un cuchillo  que no ofende a quien lo maneja. La justicia aparece como clasista y sesgada, donde un capitalismo a la sombra del poder, de bucaneros o corsarios, florece con impunidad e irresponsabilidad. Decíamos que la justicia es lenta, pero se tiene la sensación que se procura que sea coja para que no corra detrás de algunos, tuerta para que no les vea y manca para que no se les designe con el dedo. 

4. El posible acogimiento a la amnistía fiscal de ciertos inculpados en procesos relacionados con esta trama (el propio Bárcenas, entre otros) y la torpeza del Ministro al negar estos hechos, nos plantea la duda a todos si no se habrá tenido en mente estas situaciones en el impulso a la misma, pues no parece que los míseros resultados recaudatorios la justifiquen. Existe una tendencia al realismo mágico más estridente en la cultura jurídica de la derecha, esa que posibilita que los rebeldes traidores castiguen de manera retroactiva a los fieles al gobierno (como en la ley de responsabilidades políticas) que explicaría la amnistía fiscal como un beneficio para los propios.

Flaquea la isonomia, se retuercen las normas para beneficio de los poderosos, y la dureza de las leyes es sólo en el papel o para los de abajo. Y si actúa y condena la tuerta justicia, siempre quedará el recurso al indulto o el perdón fiscal que están en manos del propio gobierno.   Como diría Mariano todo es falso.