81. Fin de año; Diarrea legislativa (III)

En nuestra recepción de las novedades normativas acogemos ahora las recogidas en día 29 de diciembre

Ese día se publicaron diversas normas que incidían en la materia laboral destacamos las siguientes:

• Real Decreto 1694/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2012,
• Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal,
• Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Con respecto a la primera, sin dejar de apreciar el detalle de publicar el 29 de diciembre, todavía se podía haber demorado un par de días más la oferta del empleo público del año 2012, las plazas contempladas en los anexos son tan exiguas que parece difícil que se ajusten incluso a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 2/2012 de reposición de un 10 por ciento de las jubilaciones.

En la orden se regula para el ámbito de la administración general del estado los días de ausencia por accidente o enfermedad pero sin baja que generan disminución de salarios (del 50%) estipulándose que  4 días de ausencia al año (3 pueden ser consecutivos) por este motivo no generan detracción.

Esta resolución presenta algunas adecuaciones respecto a la jornada y descansos en sintonía con las modificaciones de las condiciones de trabajo en el empleo público y más en concreto con la delimitación de la jornada de 37,5 horas semanales para todos los empleados públicos ordenado por el primer decreto ley del gobierno del PP. Es de señalar que frente a ciertas informaciones ni la jornada a 37 horas y media ni la limitación a 3 días los días de libre disposición son  un una novedad efectuada por esta norma sino que efectuaron establecidas por el RD Ley 20/2011.

Entre las concreciones fijadas por la esta resolución se encuentra

•  el establecimiento  del  horario fijo de presencia en el puesto de trabajo, que será de 9,00 a 14,30 horas de lunes a viernes, completándose la jornada en horario flexible, entre las 7,30 y las 9,00 de lunes a viernes y entre las 14,30 y las 18,00 de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes.
•   La reducción de la pausa mínima para el almuerzo a media hora
•  La organización del disfrute del periodo vacacional: dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente, en periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos, estipulándose que  al menos la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de junio a 15 de septiembre, salvo que el calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito, determine otros períodos.

80. Fin de año; Diarrea legislativa (II)

Siguiendo con las reseñas iniciadas damos noticias del popurrí normativo publicado el 28 de diciembre. Ese día se llegó a uno punto de inflexión en la  inflación normativa: se agolparon el boletín 2 leyes orgánicas y 3 ordinarias, salvo la de presupuestos, el resto son leyes de modificación y alteración de otras anteriores

Estas leyes publicadas el día 28 de diciembre fueron las siguientes:

·   Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

·  Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

·  Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Es de señalar la variada modificación de normas fiscales que propicia la Ley 16/2012 (con supresiones de exenciones como la de vivienda habitual  o el establecimiento de incrementos impositivos) que por supuesto poseen influencia en ámbitos laborales como la introducción de una Disposición transitoria vigésima cuarta o  de una Disposición adicional vigésima séptima en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre

Además se publicaron dos leyes orgánicas:

·          Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Cuando fuimos estudiantes aprehendimos los códigos como sinónimos de normas unitarias y estables. Ahora la modificación del Código Penal se ha convertido en un empeño anual. En esta ocasión se alteran 8 artículos y se introducen 5 nuevos, la denominación de estos nuevos artículos apellidándose bis y ter evidencia la futilidad en la que ha devenido la antes importante estabilidad del Código punitivo que no tiene más de 12 años. A nuestro juicio la más modificación más llamativa y donde se ve la inclinación  ideológica del Gobierno y del PP es la introducción de un tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante un tratamiento penal diferenciado de la obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones. Recuérdese que anteriormente el tope de la cuantía defraudada en el delito con la Seguridad Social era 120.000 pero que en el tipo actual del art. 307. Ter  se desciende a 50.000€. También parece responder a esa deriva ideológica se modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, modificación del art 31.5 CP. También es significativa de esta inclinación ideológica lo regulado en la disposición adicional única sobre los efectos de la declaración fiscal en la amnistía fiscal auspiciada en el RD Ley 12/2012 de tal manera que se entenderán declaradas dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo esas rentas.

·      Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta modificación está encaminada  a  que la actuación de jueces sustitutos y magistrados suplentes sea excepcional, solo en  circunstancias de necesidad acreditada y motivada. Son los propios jueces y magistrados los que cubrirán ahora las suplencias mediante un incremento de sus retribuciones. Además, los alumnos de la Escuela Judicial cumplirán de manera obligatoria y por un periodo mínimo de 4 meses estas funciones supletorias y de refuerzo.

79. Fin de año; Diarrea legislativa (I)

Con la llegada del fin de año llegan también las rebajas normativas y la diarrea legislativa; 7 leyes ordinarias y 2 ordinarias publicadas en tan sólo dos días, 27 y 28 de diciembre El día 29 se publicaran decretos y resoluciones que incidían en el ámbito laboral y todavía ha habido tiempo para que el 31 se publicará el último RD Ley del año (El número 29 de 2012, batiendo un record de legislación al amrgen del Parlamento).  En la inmensa mayoría de los casos se trata de leyes que modifican de manera restrictiva otras anteriores, reduciendo derechos o aumentado las exacciones. Abrimos una línea de breves reseñas sobre estas normas

 

El día 27 de diciembre se publicaron las siguientes leyes:

• Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. De la Ley 12/2012 nos gustaría subrayar que si bien se justifica en la minorización de la burocracia  no desaprovecha la oportunidad para ampliar la actividad privada en ámbitos públicos; en este caso se permite la intervención privada  en la valoración, comprobación y control de las nuevas actividades empresariales que  se pretendan abrir. Esta primera norma modifica diversas leyes como la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad o la Ley 16/2011, 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. Pero también modifica normas más recientes como el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo o el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, cumpliendo ese rasgo de la política normativa de los últimos tiempos el continuo retoque normativo que no ayuda precisamente a sostener la seguridad jurídica

• Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Aunque parezca chusco o una broma pesada, da la sensación que el gobierno pretende compensar los empleos que no ha generado  que no puede generar la reforma  laboral, con los empleos sumergidos que aflorarán con medidas como las contempladas en esta norma. Esta norma introduce una modificación puntual del art. 42 de la LET en lo que respecta al periodo de solidaridad entre ambas empresas ahora elevado a 3 años e introduce variaciones importantes en la LISOS¿Está norma ha estado incólume y sin variación  un año siquiera desde su publicación?

• Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.

78. Supresión de la paga extra; daños colaterales

Ya se ha consumado el robo, se ha dejado de abonar la paga extra denavidad de 2012, pero además, se efectuado con saña y sin cuidado de las situaciones precarias.

 

En esta entrada hacemos referencia a ciertas consecuencias anexas a la supresión de la paga extra de los empleados públicos: la detracción de las cuotas de los derechos pasivos de la paga no abonada y el descuento de la paga prorrateada.Son daños colaterales, añadidos y superfluos, al impago de esta parte del salario de los empleados públicos que ha decretado el gobierno.

Más allá de la supresión de la paga extra de diciembre, este mes nuestro sueldo ha sido inferior al de los otros 11 meses de este año, entre 70 y 150 € menos, aproximadamente, dependiendo de la categoría. La explicación es que se ha deducido la parte alícuota de las cotizaciones por clases pasivas correspondiente a la paga extra no abonada. El gobierno ha esgrimido que era legal. Ciertamente el RD Ley 20/2012 a la vez que suprimía la paga extra no procedió a la modificación de la ley de clases pasivas, para modificar la regulación de las cuotas mensuales de los derechos pasivos. Pero esta es una pura razón de epidermis normativa, banal y hueca. En el fondo, se procede a detraer los derechos pasivos de lo que no se ha abonado. Choca contra la más elemental regla de justicia material, pues no se cobra pero se abona  por ello, luego sin los efectos beneficiosos se obliga a soportar el gravamen. Ahora se difunde que el gobierno recula y que se procederá al abono de esas cantidades en los próximos 3 meses. Ya veremos. Pero, ¿entonces para qué se han descontado estass cantidades?

Por otro lado, hay casos especialmente sangrantes. Por ejemplo, hoy se ha difundido la situación de los trabajadores con contrato temporal con alguna administración a los que se venía prorrateando la paga extra. En la administración del País Vasco se ha procedido a la detracción en diciembre del total de las cantidades previamente abonadas como prorrateo de pagas extraordinarias. En el supuesto que se ha publicado (investigadores bio-médicos con contrato de investigación con la administración sanitaria) al descontarles 5/6 de sus emolumentos de la paga extra han cobrado mensualidades irrisorias en torno a los 150€. ¿Era necesario proceder así? ¿No existían alternativas menos onerosas para los trabajadores?

Estas situaciones, anecdóticas si se quiere, ilustran una cierta desconsideración hacia los trabajadores y evidencian una improvisación, rasgos ambos que tiñen toda la actividad normativa de este gobierno.