jueves, 31 de mayo de 2012

40. Recomendaciones del Consejo de Europa; Más madera



El Consejo de Europa ha efectuado una serie de Recomendaciones sobre el Plan Nacional de Reformas en un escrito fechado el 30.05.2012. El documento tiene 7 hojas pero se concreta en 8 recomendaciones que resumimos



1.  La primera es de  contenido presupuestario y se materializa básicamente en que el plan presupuestario plurianual para 2013-2014 deba ser anunciado  antes de finales de julio. Además se insiste en que se adopten medidas adicionales a nivel regional y que se apliquen estrictamente las nuevas disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria relativas a la transparencia y el control de la ejecución del presupuesto. Por último se recomienda establecer una institución presupuestaria independiente que realice funciones de análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria, y estime los efectos de la legislación propuesta sobre el presupuesto. 

2.  El segundo se refiere a la política de jubilación y se centra en acelerar la implementación del aumento de la edad preceptiva de jubilación y la introducción del factor de sostenibilidad previsto en la reciente reforma del sistema de pensiones. Se añade una referencia  a una denominada Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad, aun no materializada normativamente, y que conlleva  medidas concretas encaminadas a desarrollar más el aprendizaje permanente, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la reincorporación de este grupo al mercado de trabajo. 

3. El tercero se refiere a la fiscalidad mediante la adopción de un sistema tributario compatible con los esfuerzos de saneamiento fiscal y más favorable al crecimiento, que se traduce en la reorientación de la fiscalidad de la empresa hacia el consumo y las actividades perjudiciales para el medio ambiente. En definitiva se recomienda el aumento del IVA y bajar las cotizaciones sociales, que es lo que pensaba hacer el gobierno.

4. El cuarto se concreta en la reforma del sector financiero. Es llamativa la indeterminación de este apartado que se limita a generalidades como que se debe complementar la estructuración en curso del sector bancario corrigiendo la situación de las entidades en dificultades. Además se menciona de una manera inconcreta también  que se debe presentar una amplia estrategia para abordar eficazmente el problema derivado de los «activos heredados» que figuran en los balances de los bancos. Frente a la concreción de las medidas restrictivas de los derechos sociales, la ambigüedad de este punto es muy significativa.

5. El quinto se consagra a las reformas del mercado laboral (así en plural) y se recomienda tomar medidas adicionales encaminadas a aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo mejorando la selección de los grupos de destinatarios, aumentando la utilización de los servicios de formación, de asesoramiento y de puesta en relación de las ofertas y las demandas de empleo, intensificando sus vínculos con las políticas pasivas del mercado de trabajo, y reforzando la coordinación entre los servicios públicos de empleo nacionales y regionales. 

6. El sexto concierne al gasto donde sea aconseja que  mediante un cambio de prioridades (los consejos son gratis) se pueda reasignar fondos para financiar PYMES, investigación, innovación y juventud. También se menciona la aplicación de un no regulado Plan de Acción destinado a los Jóvenes, especialmente en lo que se refiere a la calidad de la educación y la formación profesional y a su adaptación a las necesidades del mercado de trabajo y redoblar los esfuerzos encaminados a reducir el abandono prematuro de la escuela y aumentar la participación en las actividades de educación y formación profesional, mediante medidas de prevención, intervención y compensación. 


7. El séptimo se dirige a la recomendación de la toma de medidas específicas para combatir la pobreza[1]. Supera en inconcreción el referido a la reforma financieras pues además delo dicho se limita a mencionar un referencia al apoyo a la infancia y a la empleabilidad de los grupos vulnerables.
8. El octavo y último, incide en la liberalización de los servicios profesionales, en especial de las profesiones altamente reguladas[2]. También se mencionan la reducción los plazos de obtención de licencias de explotación (incluido ya en el RD LEY 19/2012), y se insta a la simplificación de los obstáculos que emergen de la concurrencia normativa. Se añade aquí una referencia una mención al déficit tarifario del sector eléctrico, donde se recomienda  mejorar la rentabilidad de la cadena de suministro de electricidad.


Como se ve nada excesivamente novedoso. En gran medida todo el entramado de la Unión Europea funciona como un mecanismo de legitimación por elevación, se envían hacia arriba  los mandatos que se quieren obtener y de allí nos vuelven con el marchamo de Europa e inmaculados. Confirman lo que los estados previamente han mandado hacia arriba sobre todo en aquello que pudiera generar  más oposición popular, en el resto son exquisitamente vaporosos. En todos los países de Europa el retraso de la edad de jubilación y el aumento de impuestos en un ambiente de recesión económica generan oposición, y exactamente esas medidas son las que expresamente se recomiendan mientras que las trascedentes quedan en la penumbra. No debería olvidarse que tras el pomposo nombre de Consejo de Europa se esconde una reunión de los poderes ejecutivos de los diversos estados, una reunión de amigotes que se dicen los unos a los otros ,  que bien lo haces, sigue así,

La concreción de las medidas que se conllevan una restricción de los derechos sociales (adelanto del aumento de la edad de jubilación) contrasta con la indeterminación y ambigüedad de otros apartados como el referido a la reforma financiera. Como decimos las medidas que se proponen adelantar o tomar ya  se circunscriben a la restricción de los derechos sociales (adelantar la reforma de jubilación y sus restricciones que poseerían efectos plenos en 2027) y al aumento de la fiscalidad mediante la sobrecarga  de la fiscalidad del consumo, con un traspaso del coste empresarial  a este tipo de impuestos. Más allá de este incremento en las restricciones de carácter antisocial el resto son inconcreciones o funciona como mero aderezo o perejil para que nos traguemos el indigesto guiso.

Se mencionan dos acciones especificas según la edad (Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad y el Plan de Acción destinado a los Jóvenes) que en la actualidad carecen de desarrollo normativo por lo que nos debemos de temer otro par de rd Leyes un viernes de estos, mediante el establecimiento de beneficios a …algún emprendedor o la minoración de derechos de los trabajadores de estos colectivos. Además, aun cuando las políticas sociales se presentan en positivo (descenso del abandono escolar temprano, mejora de políticas activas de empleo,…) hay elementos que nos hacen temer lo peor, esto es desarrollos que justo generan lo contrario un perjuicio para los implicados; piénsese, por ejemplo, en la sibilina frase  referida a las políticas activas de empleo (intensificando sus vínculos con las políticas pasivas del mercado de trabajo), que pueden generar un condicionamiento de los subsidios de desempleo al cumplimiento de las políticas activas, esto es, que funcionen como restringentes del gasto.

¿Estas recomendaciones nos van a sacar de la crisis? Ellos no se lo creen. Nosotros tampoco deberíamos de hacerlo.
A estas alturas casi sería mejor que el dinero para sostener a Bankia y similares (intervención  que ha sido comentado como la peor manera posible de hacer las cosas por Draghi, Presidente del BCE) se diera directamente a las personas hipotecadas, para que así pudieran cumplir con sus obligaciones con las financieras. En cualquier caso, la gente normal es más seria con el dinero que los bancos, por lo que parece.




[1] Los datos que presenta el informe sobre la pobreza son en cualquier caso alarmantes: la población en riesgo se ha incrementado en 1,1 millones en 2010 y la pobreza infantil se sitúa en la proporción alarmante del 26,2 %.

[2] En el texto se desprende que se refieren a notarios, registradores de la propiedad y secretarios judiciales. La inclusión de estos últimos pues al contrario de los otros grupos no cobran a los clientes para cubrir sus emolumentos

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