El Consejo de Europa ha efectuado una serie de Recomendaciones sobre el Plan Nacional de Reformas en un escrito fechado el 30.05.2012. El documento tiene 7 hojas pero se concreta en 8 recomendaciones que resumimos
1. La primera es de contenido
presupuestario y se materializa básicamente en que el plan presupuestario plurianual para 2013-2014 deba ser anunciado antes de finales de julio. Además se insiste en que se adopten
medidas adicionales a nivel regional y que se apliquen estrictamente las nuevas
disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria relativas a la
transparencia y el control de la ejecución del presupuesto. Por último se
recomienda establecer una institución
presupuestaria independiente que realice funciones de análisis,
asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria, y estime
los efectos de la legislación propuesta sobre el presupuesto.
2. El segundo se refiere a la política de
jubilación y se centra en acelerar la
implementación del aumento de la edad preceptiva de jubilación y la introducción del factor de sostenibilidad previsto
en la reciente reforma del sistema de pensiones. Se añade una referencia a una denominada Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras
de Más Edad, aun no materializada normativamente, y que conlleva medidas concretas encaminadas a desarrollar más
el aprendizaje permanente, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la
reincorporación de este grupo al mercado de trabajo.
3. El tercero se refiere a la fiscalidad mediante la adopción de un
sistema tributario compatible con los esfuerzos de saneamiento fiscal y más
favorable al crecimiento, que se traduce en la reorientación de la fiscalidad de la empresa hacia el consumo y las
actividades perjudiciales para el medio ambiente. En definitiva se recomienda el aumento del IVA y bajar las cotizaciones sociales, que es lo que pensaba hacer el gobierno.
4. El cuarto se concreta en la
reforma del sector financiero. Es
llamativa la indeterminación de este apartado que se limita a generalidades
como que se debe complementar la
estructuración en curso del sector bancario corrigiendo la situación de las
entidades en dificultades. Además se menciona de una manera inconcreta
también que se debe presentar una amplia estrategia
para abordar eficazmente el problema derivado de los «activos heredados» que
figuran en los balances de los bancos. Frente a la concreción de las medidas
restrictivas de los derechos sociales, la ambigüedad de este punto es muy
significativa.
5. El quinto se consagra a las reformas del mercado laboral (así en
plural) y se recomienda tomar medidas adicionales encaminadas a aumentar la
eficacia de las políticas activas del
mercado de trabajo mejorando la selección de los grupos de destinatarios,
aumentando la utilización de los servicios de formación, de asesoramiento y de
puesta en relación de las ofertas y las demandas de empleo, intensificando sus
vínculos con las políticas pasivas del mercado de trabajo, y reforzando la
coordinación entre los servicios públicos de empleo nacionales y regionales.
6. El sexto concierne al gasto
donde sea aconseja que mediante un cambio de prioridades (los consejos son gratis) se pueda reasignar fondos para financiar PYMES, investigación, innovación y
juventud. También se menciona la aplicación de un no regulado Plan de Acción destinado a los Jóvenes,
especialmente en lo que se refiere a la calidad de la educación y la formación
profesional y a su adaptación a las necesidades del mercado de trabajo y
redoblar los esfuerzos encaminados a reducir el abandono prematuro de la
escuela y aumentar la participación en las actividades de educación y formación
profesional, mediante medidas de prevención, intervención y compensación.
7. El séptimo se dirige a la
recomendación de la toma de medidas
específicas para combatir la pobreza[1].
Supera en inconcreción el referido a la reforma financieras pues además delo
dicho se limita a mencionar un referencia al apoyo a la infancia y a la
empleabilidad de los grupos vulnerables.
8. El octavo y último, incide en
la liberalización de los servicios
profesionales, en especial de las profesiones altamente reguladas[2].
También se mencionan la reducción los plazos de obtención de licencias de
explotación (incluido ya en el RD LEY 19/2012), y se insta a la simplificación
de los obstáculos que emergen de la concurrencia normativa. Se añade aquí una
referencia una mención al déficit
tarifario del sector eléctrico, donde se recomienda mejorar la rentabilidad de la cadena de suministro de electricidad.
Como se ve nada excesivamente
novedoso. En gran medida todo el entramado de la Unión Europea funciona como un
mecanismo de legitimación por elevación, se envían hacia arriba los mandatos que se quieren obtener y de allí
nos vuelven con el marchamo de Europa e inmaculados. Confirman lo que los
estados previamente han mandado hacia arriba sobre todo en aquello que pudiera
generar más oposición popular, en el
resto son exquisitamente vaporosos. En todos los países de Europa el retraso de
la edad de jubilación y el aumento de impuestos en un ambiente de recesión
económica generan oposición, y exactamente esas medidas son las que
expresamente se recomiendan mientras que las trascedentes quedan en la
penumbra. No debería olvidarse que tras el pomposo nombre de Consejo de Europa
se esconde una reunión de los poderes ejecutivos de los diversos estados, una
reunión de amigotes que se dicen los unos a los otros , que bien lo
haces, sigue así,
La concreción de las medidas que
se conllevan una restricción de los derechos sociales (adelanto del aumento de
la edad de jubilación) contrasta con la indeterminación y ambigüedad de otros
apartados como el referido a la reforma financiera. Como decimos las medidas
que se proponen adelantar o tomar ya se
circunscriben a la restricción de los derechos sociales (adelantar la reforma
de jubilación y sus restricciones que poseerían efectos plenos en 2027) y al
aumento de la fiscalidad mediante la sobrecarga
de la fiscalidad del consumo, con un traspaso del coste empresarial a este tipo de impuestos. Más allá de este
incremento en las restricciones de carácter antisocial el resto son inconcreciones
o funciona como mero aderezo o perejil para que nos traguemos el indigesto
guiso.
Se mencionan dos acciones
especificas según la edad (Estrategia
Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad y el
Plan de Acción destinado a los Jóvenes) que en la actualidad carecen de
desarrollo normativo por lo que nos debemos de temer otro par de rd Leyes un
viernes de estos, mediante el establecimiento de beneficios a …algún
emprendedor o la minoración de derechos de los trabajadores de estos
colectivos. Además, aun cuando las políticas sociales se presentan en positivo
(descenso del abandono escolar temprano, mejora de políticas activas de
empleo,…) hay elementos que nos hacen temer lo peor, esto es desarrollos que
justo generan lo contrario un perjuicio para los implicados; piénsese, por
ejemplo, en la sibilina frase referida a
las políticas activas de empleo (intensificando sus vínculos con las políticas
pasivas del mercado de trabajo), que pueden generar un condicionamiento de los
subsidios de desempleo al cumplimiento de las políticas activas, esto es, que
funcionen como restringentes del gasto.
¿Estas recomendaciones nos van a
sacar de la crisis? Ellos no se lo creen. Nosotros tampoco deberíamos de
hacerlo.
A estas alturas casi sería mejor
que el dinero para sostener a Bankia y similares (intervención que ha sido comentado como la peor manera posible de hacer las cosas
por Draghi, Presidente del BCE) se diera directamente a las personas hipotecadas, para
que así pudieran cumplir con sus obligaciones con las financieras. En cualquier
caso, la gente normal es más seria con el dinero que los bancos, por lo que
parece.
[1] Los datos que presenta el informe sobre la pobreza
son en cualquier caso alarmantes: la población en riesgo se ha incrementado en 1,1
millones en 2010 y la pobreza infantil se sitúa en la proporción alarmante del
26,2 %.
[2] En el texto se desprende que se refieren a notarios,
registradores de la propiedad y secretarios judiciales. La inclusión de estos
últimos pues al contrario de los otros grupos no cobran a los clientes para
cubrir sus emolumentos
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