34.Comedores, franquismo e ideología

(Dachau, 20 agosto 2010, archivo personal)

Puerta de entrada de Dachau, primer campo de concentración nazi, con el embleatico lema Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, terrible ironía, hecha seguramente aposta, en un campo de trabajos forzados. Sin embargo, el lema no fue una invención nazi, ya que se empezó a usar en la república de Weimar en 1927 para ensalzar su política contra el desempleo. Ejemplo de utilización ideológica que nos sirve de entrada para comentar una norma franquista sobre la que discute su vigencia por su sesgo ideológico.

Leo en el blog de Ángel  Arias una entrada sobre las normas franquistas  de comedores laborales (en concreto el decreto de 8 de junio de 1938 y la orden de 30 de junio de 1938 que lo desarrolla) y su discutida vigencia por inconstitucionalidad sobrevenida. El tema me trae recuerdos antiguos, ya hace más de 25 años llevé algún conflicto colectivo sobre este tema. Aunque la memoria es esquiva, creo que se ganaron todos, sin demasiada oposición real por parte de las empresas.

El profesor Ángel Arias se hace eco de una sentencia, que aunque no identifica creo que es la STS de 26 de diciembre de 2011 (que anuló la anterior de STSJ Galicia de 1606/2011 de 18 marzo), que aborda la aplicabilidad de esta norma por contradecir o no el actual entramado constitucional. Para el Profesor Arias resulta llamativo que el Sindicato CCOO recurra a esta norma y ve en ello un símbolo de normalidad, entendiendo que el recurrir al uso de estas normas por parte de los sindicatos en los setenta no hubiera sido seguramente comprendido por la base por el acentuado sesgo ideológico de la norma. Sin embargo, yo creo, es más estoy seguro, que entonces se utilizaban estas  y otras normas aun de peor contenido ideológico por parte de los abogados laboralistas, aunque luego uno debiera de lavarse las manos. Los juristas debemos utilizar todos los argumentos posibles para defender los intereses de los trabajadores, también los de las normas sean cual sea el sesgo de las mismas, mientras estén vigentes. Si solo usáramos aquellas que fueran de nuestro agrado poco espacio argumentativo le quedaría a alguno de nosotros, que somos un tanto exquisitos. Se puede, sin problemas, discutir la legalidad y legitimidad de una norma y de todo el sistema jurídico, a la vez que se sacan todos los argumentos que beneficien al trabajador. Quizás, no se pueda hacer la revolución a través del derecho, pero renunciar a sacar todos los argumentos y contradicciones a las normas vigentes por su sesgo ideológico es renunciar a luchar dentro del derecho. Demasiada renuncia paraun jurista, ¿no?

Yendo al contenido material de la norma, simplificando diríamos que el art 1 del Decreto plantea que toda empresa que no dé a sus trabajadores  dos horas para el almuerzo debe disponer de un comedor laboral. Ahora bien la empresa argumenta y se hizo eco de ello el tribunal en la STSJ Galicia de 1606/2011 de 18 marzo, que se trata de una norma aprobada en plena guerra, con ausencia de garantías constitucionales, y por quien se alzó contra el gobierno legítimo. Es decir, se argumenta la falta de legitimidad para soslayar su aplicación. Esta razón resulta capciosa en un  contexto donde no se ha producido ruptura entre los sistemas franquista y actual. Sin duda el gobierno franquista fue políticamente ilegitimo, por origen y por desarrollo, pero la constitución no propició la invalidez de todo aquel sistema jurídico por ese rasgo, sino sólo de aquellas normas que expresamente no casasen con el nuevo orden constitucional.

El resto de argumentos esgrimidos para negar la constitucionalidad a esta norma son los ya mencionados en la STSJ Cataluña 21 diciembre 2007 como que el contenido es incompatible con las previsiones constitucionales ya que  abundan los elementos ideológicos contrarios al bloque de constitucionalidad (con la mención al sindicato único),  que está plagado de paternalismos (cooperación con la empresa) y  de previsiones discriminatorias (no referencia a las mujeres) etc… Todos ellos argucias vanas y fútiles. En este tipo de juicios es pertinente separar  el núcleo contrario a la constitucionalidad de los meros aderezos ideológicos. Los primeros conllevan la anulación, mientras que los segundos se tienen por no puestos, mediante una lectura constitucional de las normas preconstitucionales. Son numerosas las Sentencias del Tc que realizan una lectura posibilista de la disposición derogatoria 3ª de la CE, posibilitándose  la aplicación de la legislación preconstitucional especifica, de forma literal, o ajustándola, «mutatis mutandis», a las disposiciones o principios que surgen de la Constitución (STC 36/1982 de 16 junio).

Este es el parecer también de la STS 26 de diciembre de 2011 que rechaza la inconstitucionalidad de la norma por ese contenido contingente a pesar de su sesgo ideológico.  El decreto de 8 de junio de 1938, más allá del aderezo, indigesto, sin duda, de la retorica de la época, es una norma simple que impone ciertas obligaciones (no desmesuradas) para aquellas empresa que trabajen a jornada partida y en las que la interrupción al mediodía sea inferior a las 2 horas. Nada más. Lo demás es ruido.

Sin embargo, este tema nos plantea a un cierto intento, más en la política pero también en la argumentación de los tribunales, de reconstruir el pasado franquista en este caso el derecho laboral, dándosele unos tintes favorables al trabajador que no tuvo en realidad; no fue paternalista, en absoluto, ni menos aun paternal. El fin que persigue esta reconstrucción del pasado es teñir de franquista ciertas instituciones o prácticas favorables a los trabajadores para disminuir su legitimidad o propiciar unas pautas aún más favorables al empresario.

A nuestro juicio el derecho franquista se caracterizaba;

1.  Por una retorica ampulosa, manida y raída, que lo ensombrecía y teñida todo de una rancia ideología en un derecho más de súbditos que de ciudadanos
2. Por la disonancia entre la norma y el derecho vivo y real. Existía una gran distancia entre la proclamación de los principios y el derecho aplicado, donde los poderes reales imponían su autoridad. El control del cumplimiento de las normas era escaso, con una fuerte permisibilidad frente a los más poderosos.
3. Por el autoritarismo que vulnera incluso el principio de legalidad. Nos encontramos con un sistema jurídico donde la división de poderes era inoperante y donde la legalidad era meramente formal. El derecho era sobre todo celofán y apariencia, no control real ni derechos de los ciudadanos
4. Por orientar todo hacia el capitalismo, autoritariamente entendido, negándose la negociación colectiva, el derecho de huelga, los sindicatos… y donde todo se sacrificaba a una compresión aldeana de la producción
5.   Por su sesgo pro empresa. Las normas asistenciales, como este decreto de comedores, eran escasas y poco desarrolladas y el estad de bienestar paupérrimo.

Este es el Derecho que nosotros conocimos y vivimos. Por eso argüir  el carácter paternalista del franquismo o argumentar el origen franquista de ciertas normas laborales (sólo de aquellas favorables a los trabajadores, casualmente) no deja de ser una broma de mal gusto.No se han eliminado ni las placas franquistas de las viviendas y se pretende eliminar un norma por su pasado franquista  o ¿por qué favorece a los trabajadores?