35. Disposición final tercera del RD Ley 5/2012, nulidad de las modificaciones introcidas en la Ley 34/2006, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

 Abogados con togas

 Nos planteamos en esta entrada el contenido de las modificaciones introducidas en el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (Ley 34/2006),  y opinamos que la disposición Disposición final tercera del RD Ley 5/2012 es  nula

En este aluvión incesante de normas gubernativas con rango de ley es necesario  releer con detenimiento, una y otra vez, pues a menudo en normas de un determinado contenido se cuelan aquí y allá reglas sobre temas distintos,  sin que vengan a cuento, simplemente por aprovechar la ocasión (por ahorrar normas no será, dada la profusión de reales decretos leyes con que nos está aturdiendo el gobierno).

Este el caso del RD ley 5/2012, de  mediación en asuntos civiles y mercantiles, que en su Disposición final tercera introdujo algunas modificaciones de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

De entrada nos llama la atención que, a pesar del extenso resumen al respecto que se incluye en la exposición de motivos, se omita el porqué se recurre a introducir estas variaciones  dentro de una norma dada para la implementación de una directiva, con la que poco o nada tiene que ver. En definitiva, no hay justificación  del recurso al RD Ley para modificar una norma con rango de ley que data de 2006. Que se realice de soslayo y que las variaciones se refieran a materias formales, transitorias o puntuales no altera el hecho de que nos encontramos ante la modificación de una ley por medio de una norma del gobierno sin que éste se tome la molestia si quiera de justificar la extraordinaria y urgente necesidad que habilita este uso.  Por tanto, estimamos  que no es congruente con el art 86.1 de la CE y la disposición final tercera del RD Ley 5/2012, en la medida que contraviene el principio de jerarquía normativa, pues no hay habilitación del gobierno para esa modificación, y la seguridad jurídica es una nula de pleno derecho. La mayoría absoluta no lo cubre y disculpa todo. Nada impidía su tramitación en sede parlamentaria, máxime cuando las modificaciones se efectúan según la exposición de motivos, para atender a diversas iniciativas planteadas en el propio parlamento.

La Ley 34/2006, sobre acceso el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, supuso una plasmación anticipada de la ruptura que entre el título universitario y el ejercicio profesional que se produjo a partir del RD 1393/2007, de 29 de octubre (cf. art 4 a partir del cual el efecto profesional de lso títulos universitarios no es ya inmediato ni genérico sino que dependerá de la normativa específica). Por otro lado, esa ley también fue un ejemplo de la técnica del embudo, de incrementar las condiciones para el ejercicio profesional para los que vienen después.

En cuanto al contenido nos encontramos en primer lugar con una modificación aparentemente formal en cuanto a quien expende los títulos profesionales de la ley 34/2006, ya que en la nueva redacción se modifica el ministerio competente, siendo ahora el de Justica y no el de Educación.

La segunda modificación es la inserción de una nueva disposición adicional 8ª dedicada a los licenciados de derecho. En realidad se refiere por un lado  a la no exigibilidad de los títulos de ley (abogado y procurador) para el ejercicio profesional  a aquellos que en el momento de publicación de la ley 34/2006 (20 de octubre de 2006) estuvieran matriculados en la licenciatura de derecho, estableciéndose como plazo para la colegiación dos años desde el momento en que estuvieran en condiciones   de solicitar la obtención del título de licenciado. Dada la especial vacatio legis de la ley 34/2006, 5 años por lo que entró en vigor el 30 de octubre de 2011, esta adicción se efectúa pensando en aquellos que en ese plazo de tiempo no han acabado los estudios. Recuérdese que la Disposición transitoria única párrafo 3ª ya reconocía que los licenciados o graduados en derecho a la entrada en vigor de la ley 34/2006 (30.10.11) disponían de dos años para colegiarse como abogados o procuradores sin que les sea exigible los títulos profesionales regulados en la norma.

El  punto 2 del párrafo 2 de esta disposición final 3ª se refiere a los estudiantes de licenciatura no incluidos en el punto anterior, esto es, que se matricularan con posterioridad al 2006 por primera en la licenciatura de derecho y que obtengan el titulo con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 34/2006 (a los que tengan el titulo de derecho (licenciatura o grado) el titulo ya se les aplica la disposición transitoria y poseen dos años para colegiarse sin otros requisitos). A estos se les exime de la formación teórica, pero no de las prácticas externas del art. 6 y de la necesidad acreditar de acuerdo con el art. 7 su capacitación profesional. Debe de recordase que la obtención de título de licenciado puede extenderse hasta el 30 de septiembre de 2015, fecha en que ese tipo de estudios quedará extinguido según la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En el punto 3 se incluye una Disposición adicional novena sobre los poseedores de Títulos extranjeros homologados (que hubieran solicitado a homologación con anterioridad a la entrada en vigor, para ser más exactos) a los que se les reconoce un plazo de 2 años desde la homologación para colegiarse sin otras obligaciones adicionales.

Por último en el punto 4 de esta disposición final tercera del RD Ley 5/2012 se retoca el punto 3 de la disposición transitoria únicade la ley 34/2006 para incluir también en la exención de otras obligaciones a aquellos que sin poseer el título universitario, de licenciado o de graduado en derecho, estén en condiciones de solicitar su expedición.