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| Nuestro compañero Mikel de la Fuente en una reciente foto publicada en la prensa. |
De manera parelela a lo efectuado entre otros blogs cercanos creemos que tiene interes la divulgación de las posturas criticas presentadas por los compañeros y expertos en pensiones ante el congreso. En este caso se trata de la intervención de Mikel de la Fuente. Hemos dejado su escrito tal y como nos ha facilitado. Debido a su relativa longitud para este ámbito, lo presentamos en dos entradas. En este primera incluimos su presentación sobre los recortes efectuados en las normas y los propuestos por la comision de expertos.
1) Los
recortes recientes en las pensiones públicas
Antes de
exponer mi punto de vista sobre el Factor de Sostenibilidad me parece
importante presentar algunos elementos sobre la realidad de las pensiones. La
cuantía de las pensiones es baja en el Estado Español tanto se mida
individualmente como en proporción al PIB: casi siete millones de pensiones no
alcanzan los 1000 euros mensuales. Es cierto que las pensiones nuevas son de
cuantía más elevada pero esa distancia en relación con las antiguas –el llamado
efecto sustitución- lo que muestra es que las revalorizaciones basadas en el
IPC han alejado las pensiones de los salarios e ingresos medios, cuando éstos
han aumentado más que la inflación. Como resultado de estas evoluciones el
ingreso medio de las personas mayores de 65 años (de los que las pensiones constituyen
más del 60% de los ingresos en la UE) en relación con las menores de esa edad,
según la encuesta europea SILC era en el Estado Español de del 95,2% en 1995 y
se ha reducido al 83% en 2011 (es decir, ha experimentado una reducción de más
de 12 puntos), mientras que en la UE-15 ha aumentado del 85,2% al 88%.
El gasto es
pensiones es inferior en más de tres puntos a la media de la UE 15. A ello han
contribuido tanto unos salarios medios reducidos y un desempleo masivo como un
proceso ininterrumpido de recortes a las pensiones públicas, que se inició ya
en 1985 y del que la reforma en curso del “factor de sostenibilidad” es, por
ahora, el último episodio. El último recorte de conjunto ha sido a través de la
Ley 27/2011. Como bien saben sus señorías, la mayoría de sus disposiciones ha
entrado en aplicación en enero de 2013 y han traído consigo la elevación de la
edad ordinaria de jubilación a los 67 años; el paso de la base de cálculo de la
pensión de 15 a 25 años; el aumento a 37 años de la duración de las
cotizaciones necesarias para alcanzar el 100% de la pensión; el aumento del
período de cotización exigible para la jubilación anticipada, que pasa de 30 a
33 años si es forzosa y a 35 si es voluntaria y el empeoramiento en dos fases
del trato de los períodos en los que no existan cotizaciones y que forman parte
del período de cálculo de la pensión.
En marzo de 2013, a través del RD
Ley 5/2013, se han complementado esas medidas mediante el atraso en dos años de
la edad de acceso a las jubilaciones anticipadas, tanto la forzosa como la
voluntaria, hasta alcanzar –progresivamente- las edades de 63 y 65 años
respectivamente, siguiendo el aumento de la edad ordinaria a 67 años, limitando
así a dos y cuatro años el plazo máximo de anticipación en relación con la edad
ordinaria. Además, en la mayoría de los casos se ha aumentado la penalización
por anticipo de la edad, sobre todo si la jubilación es voluntaria.
Otro elemento a destacar es la
limitación del complemento de mínimos. En el año 2011 el complemento de mínimos
era percibido por el 26,65% de las pensiones de jubilación y el 33,60% de las
pensiones de viudedad. A partir del 2013 el complemento de mínimos no podrá ser
superior a la cuantía de las pensiones no contributivas, que este año es de
364,90 euros al mes por catorce pagas. El nuevo sistema de cálculo hubiese
impedido alcanzar las pensiones mínimas de jubilación, incapacidad permanente y
viudedad a una cifra aproximada de 530.000 pensionistas, de los que el 74%
serían mujeres[1]1.
El subsidio de desempleo que
percibían las personas mayores que perdían el trabajo a una edad avanzada y
que, además de proporcionarles un mísero subsidio (426 euros/mes), mantenía las
cotizaciones para la jubilación, ha conocido drásticos recortes. En julio de
2012 se redujo la duración del mismo, elevando la edad de cobro de los 52 a los
55 años, edad que es preciso que se produzca cuando haya finalizado la
prestación contributiva y limitándolo hasta que se puedan jubilar “en
cualquiera de sus modalidades”, lo que significa que si pueden acceder a la
jubilación anticipada a los 61 o 63 años no podrán seguir percibiéndolo hasta
los 65 años, evitando así la penalización de las jubilaciones anticipadas y
consiguiendo años de cotización que permitan una pensión de cuantía más elevada.
Asimismo se ha reducido la cuantía por la que el servicio estatal de empleo
cotizaba para la jubilación de las personas beneficiarias, al pasar al 100% del
salario mínimo interprofesional, mientras que antes se cotizaba por el 125%. Y
lo que es quizá más importante, en marzo de 2013 la concesión de este subsidio,
que antes se condicionaba a los recursos de la persona solicitante pasa a
convertirse en una prestación sujeta a la escasez de ingresos de la unidad
familiar, requiriéndose que los ingresos de la familia constituida por cónyuge
e hijos e hijas menores de 26 años o incapaces sea inferior a los 483,98 € por
persona, lo que va a dejar fuera a un gran porcentaje de posibles
beneficiarios–mayor en las Comunidades Autónomas con salarios y pensiones más
elevados-. Esta durísima medida afecta especialmente a las mujeres casadas, ya
que el mayor salario medio de los hombres traerá consigo que a fin de el marido
de más de 55 años pueda acceder al subsidio la esposa trabajará de manera no
declarada, lo que le impedirá o dificultará el acceso no sólo a la jubilación
sin a otras prestaciones de Seguridad Social.
En una estimación conservadora,
se estima que las pensiones van a sufrir una reducción del 20-25% como producto
de las medidas de la Ley 27/2011 y las complementarias de 2013, sin tomar en
cuenta lo que resulte del “factor de sostenibilidad”. Según la Comisión Europea
(informe Ageing Report de 2012) las medidas derivadas de la Ley de 2011
producirían una reducción del aumento previsto anteriormente del gasto en
pensiones para el año 2060, que pasaría del 15,1% previsto en el Ageing Report
de 2009, al 12,9%.
Sin embargo, es muy posible que
los cálculos hayan subestimado el impacto del desempleo masivo, con lo que
entraña de falta de cotizaciones y, por lo tanto de pensiones más reducidas, y
de las citadas medidas de la Ley 27/2011 o anteriores y posteriores, y otras
menos “visibles”, pero que van a contribuir a la reducción del gasto y, lo que
es más grave a una reducción de la cuantía ya reducida de la mayoría de las
pensiones, como, entre otras, la supresión por la Ley 40/2007, de los llamados
“días-cuota” para alcanzar los 15 años necesarios para la pensión de
jubilación, equivalentes a 26 meses, lo que supone que un cierto número de
personas no podrá acceder a esa pensión y la exigencia de años completos de
cotización a efectos del porcentaje aplicable a la pensión, en lugar de la
equivalencia anterior de cualquier fracción de año a un año. Además, la
congelación de las pensiones en los años 2011 (salvo las mínimas y las no
contributivas) y la semicongelación en los años 2012 (aumento del 1%) y 2013
(1% para las superiores a los 1000 euros y 2% para el resto), han supuesto una
importante reducción acumulada que se mantiene para el futuro. El impacto de
todas estas medidas va a afectar de forma especial a la gente más precarizada y
más aún a las mujeres, que de forma muy mayoritaria no van a llegar a cotizar
el período necesario para jubilarse a los 65 años (38 años y medio) o para
jubilarse con el 100% de la pensión (37 años).
El aumento del gasto en pensiones
desde el 10,7% del PIB en el año 2010 (último año del que se disponen datos) al
13,7% estimado en el 2060, es de magnitud muy limitada, apenas superior en 0,8
puntos al 12,9% estimado para la UE-27 y, probablemente no sería tal si se
estimasen adecuadamente los recortes ya aprobados. Además, hay que tener en
cuenta que ese mayor gasto en pensiones se debe a la estimación, que no sabemos
si se va a producir (p. ej. mediante una política de fomento de la natalidad),
de una mayor proporción de personas mayores de 65 años en el Estado Español que
en la Unión Europea pero no a un aumento de la cuantía relativa de las
pensiones medida a través de la tasa de reemplazo, que si ya iban a bajar lo
van a hacer aún en mayor medida si se aprueba la puesta en funcionamiento del
Factor de Sostenibilidad.
2) Los nuevos recortes del
“Factor de Sostenibilidad”
Como ha declarado el miembro del Comité de Expertos
Santos Ruesga[2]2, el
objetivo del Gobierno español al encargar el informe era el de dar cobertura
“científica”, a través de un Comité de Expertos, a una reforma del sistema
público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a las
sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los
objetivos de déficit público a corto plazo acordados con la Comisión Europea y
el resto de la Troika y ello a pesar de que el Fondo de Reserva de las
pensiones, que a finales del primer trimestre de 2013 todavía mantenía
unadotación de 63.469 millones de euros, permitiría soportar los déficits hasta
la recuperación de los superávits que según las previsiones del mismo Gobierno
tendrían lugar en el 2018.
La función del Factor de Equidad
Intergeneracional es hacer pagar a las personas pensionistas el aumento de la
esperanza media de vida tras la jubilación. Aunque se presenta como una verdad
evidente, el alcance y significación de ese aumento no es una cuestión tan
clara como se dice. La afirmación contenida en los documentos del Pacto de
Toledo, de la Comisión Europea y de otros informes públicos y privados, de un
aumento de la esperanza de vida de 4 años de la población española (de 76 a 80
años) entre 1980 y 2005, obvia que ese aumento se ha debido fundamentalmente a
una reducción drástica de la mortalidad infantil, pero no es cierto que aunque
todos los grupos etarios, incluyendo los ancianos, hayan visto descender su
mortalidad, los años de vida que vive el ciudadano medio sean cuatro años más
que en 1980. Según los informes de la Unión Europea recogidos en el Informe de
la Comisión del Pacto de Toledo de 2010 (p. 33) el aumento habría sido de 5
años en los últimos 50 años. El pronóstico de aumento la esperanza de vida a
los 65 años se elevaría a 5 años según las previsiones recogidas en el Informe
del comité de expertos (p 5), lo que está por ver. En cualquier caso, si se
mantuvieran las previsiones del INE la aplicación del FEI supondría una
reducción enorme de las pensiones, que no voy a detallar porque aparece
claramente contenida en el informe del Comité, aunque si recuerdo que
alcanzaría el 19,8% en el 2050.
Como la información estadística
del INE no diferencia la esperanza medida de vida entre las diversas categorías
sociales y profesionales, esta medida se aplica de forma indiferenciada, lo que
va a perjudicar todavía más a las personas trabajadoras cuya esperanza media de
vida es netamente inferior y que por lo tanto perciben durante menos tiempo las
pensiones. En efecto, la esperanza media de vida depende de causas sociales.
Según todos los estudios, las personas más instruidas, las categorías de
profesiones más cualificadas y los hogares más ricos se benefician de una
esperanza de vida más larga y de un mejor estado de salud. Los estudios
comparativos europeos sobre las desigualdades sociales de salud y de mortalidad
muestran que los factores de riesgo y los determinantes de las desigualdades
sociales son comunes a los países europeos, si bien con mayor o menor
intensidad[3]3.
Los primeros resultados de un
programa de investigación europeo (de once países) revelan fuertes
desigualdades sociales de mortalidad prematura entre los hombres de 45-65 años
de edad en el período 1985-1992. Aunque la mortalidad general disminuyó de
forma importante durante los años 1980 y han cambiado los motivos de fallecimiento,
no solo se han mantenido las diferencias de mortalidad entre los grupos y
clases sociales sino que incluso ha tenido lugar una agravación de las
desigualdades en el curso del tiempo, observándose una disminución menos
marcada de la mortalidad en los grupos de profesiones manuales y para las
personas con menor nivel de instrucción. Vicenç Navarro indica que la distancia
entre burgueses y trabajadores no cualificados asciende en el Estado Español a
diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de 7 años[4].
La aplicación del FEI sin diferenciar la longevidad por categorías
socio-profesionales va a da lugar a una distribución regresiva de la reducción
de la cuantía de las pensiones.
-El Factor de Revalorización
Automática (FRA) es el segundo elemento. Los efectos de este elemento son más
inciertos que los del FEI, pero lo que es cierto es que mientras se mantenga el
desempleo masivo, con la reducción de los ingresos por cotizaciones sociales
que le acompaña, las revalorizaciones van a ser de forma sistemática inferiores
al IPC y frecuentemente no va a haber revalorización alguna. Las pensiones
causadas en el año 2014 pueden incluso caer en términos nominales, tal como ha
señalado el Sr. Santos Ruesga si se siguen los criterios fijados en el Informe
del Comité de Expertos. Para los próximos años la congelación de las pensiones
se puede dar por segura, lo que se suma a las congelaciones y semicongelaciones
en la cuantía de las pensiones que se han practicado mediante decreto ley en
los últimos años y que ahora de quieren institucionalizar a través del Factor
de Revalorización anual.
Cuando los salarios se han
incrementado más que los precios, la revalorización de las pensiones conforme
al IPC han alejado la cuantía de éstas de los ingresos y salarios medios. Ahora
que caen tanto los salarios como el número de personas cotizantes, el FRA va a
dar lugar a una pérdida del importe de las pensiones en términos constantes. De
esta forma las personas pensionistas pierden doblemente. Por un lado, las
pensiones no se han beneficiado en el pasado de los incrementos de
productividad que han permitido una elevación, eso sí en menor grado, de los
salarios. Para el futuro, el FRA va a suponer que frecuentemente se van a
revalorizar en cuantía inferior al IPC. Por arriba, el informe sugiere que el
aumento no aumente “muy por encima de la inflación”.
El Informe, aunque considera que
lo más probable es que la cuantía de las pensiones aumente en términos reales
en el horizonte del 2012, reconoce en su página 20 que la aplicación de los dos
elementos va a dar lugar a una “disminución significativa de la pensión media
sobre el salario medio, que podría dificultar –señala- no de los objetivos que
recomienda la UE para los sistemas de pensiones: mantener unos estándares de
bienestar económico de la población jubilada próximos a los que mantenía en su
etapa activa. No considero para nada verosímil ese pronóstico. Primero, porque
la elevación de las bases de cotización –y de los salarios- en términos reales
tendría que ser de gran magnitud para compensar la reducción derivada del FEI:
deberían superar el aumento de la esperanza media de vida. Segundo, porque la
aplicación del FRA –aunque queda por ver como quedará finalmente la posibilidad
de aumentos por encima de la inflación- dará lugar a una reducción de las
pensiones reales. En todo caso, creo que ese motivo de preocupación de
apartarse de los objetivos fijados por la UE tiene poco fundamento: en el Libro
Blanco sobre “Pensiones adecuadas, seguras y sostenibles” aprobado por la Comisión
Europea en febrero de 2012 se plantea que, además de los ya realizados,
“numerosos Estados deberán realizar nuevos ajustes del gasto” y ello a pesar de
reconocer que esas reformas darán lugar a “tasas de reemplazo más bajas
(pensiones comparadas con la retribución anterior)”.
Además, es muy posible que, a la
vista de la insaciable voracidad de las instituciones de la Troika y de las
organizaciones empresariales, tal como se ha podido apreciar en la
comparecencia ante esa Comisión del representante de la CEOE que tuvo lugar el
pasado 25 de junio, en la que reclamaba medidas adicionales muy duras además de
las contenidas en el Factor de Sostenibilidad y de la disposición del Gobierno
–también del anterior, todo hay que decirlo- a aceptar esas peticiones, que al
cabo de no muchos años lleguen nuevos recortes en la cuantía y cobertura de las
pensiones, tales como la aceleración de los ritmos de aplicación del aumento de
la edad y la base de cálculo de la jubilación incluso hasta toda la vida
laboral en línea con las exigencias planteadas estos días por el Vicepresidente
de la Comisión Europea, J. Almunia.
Para compensar las caídas de
ingresos de pensión que se producirán si se ponen en marcha las medidas que
propone la Comisión Europea, ésta propone impulsar las pensiones privadas
basadas en la capitalización y ello aunque se reconozca que la actual crisis
“ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los planes de pensiones de
capitalización frente a las crisis financieras y los recesos económicos”, ya
que como puntualizaba el Libro Verde, antecedente del Libro Blanco, “Las
pensiones de capitalización también podrían verse afectadas por el
envejecimiento demográfico. Las sociedades envejecidas reducirían la tasa
potencial de crecimiento económico y ello implicaría unas menores tasas reales
de rendimiento, lo cual podría afectar a los precios de los activos
financieros”. El informe del comité de expertos recoge esa línea en su página
27, aunque probablemente motivada por los malos resultados de las pensiones
privadas, no insiste en el tema. Sin embargo, si se marca claramente su
orientación contraria al sistema de reparto cuando en su página 5 señala que el
sistema de reparto “es muy sensible en última instancia a la tasa de
dependencia”. Esta fórmula da claramente a entender que el método de
capitalización no se encuentra afectado por el envejecimiento demográfico, lo
que no es cierto tal como la misma Comisión Europea reconoce en el documento
que he citado.
La rentabilidad de las pensiones
privadas se encuentra mediatizada por los gastos de gestión y comisiones de
depósito, los gastos de intermediación por las operaciones de compra y venta de
los valores de la cartera y los gastos que se cobran por la auditoría o
administración del fondo, así como los que resultan de la transformación de las
aportaciones y sus rendimientos en pensiones. El conjunto de esos gastos se
mide con la ratio conocida como total expense ratio (TER) y resulta del
cociente entre los gastos totales y el patrimonio del fondo. En el Estado
Español esos costes son de los más elevados de la OCDE: sobre 17 países
estudiados, ocupaba el segundo lugar, con un porcentaje del 1,3% sobre el
patrimonio gestionado, sólo superado por Chequia con el 1,4%, mientras que en
Dinamarca ese coste es sólo de 0,1% y en Islandia y Bélgica del 0,2%[5].
En un reciente artículo de una actuaria de la Seguridad Social, Alicia de las
Heras, los costes de gestión dan lugar a una reducción del 7,5% en el importe
de las pensiones privadas en el Estado Español, por sólo un 0,5% en Suecia. Esa
mayor reducción de las pensiones es la contrapartida de los mayores beneficios
de la banca y las entidades que gestionan los planes.[6]
Según un estudio que se viene
repitiendo durante los últimos años, en el periodo diciembre 2002 - diciembre
2012, mientras que la rentabilidad del IBEX 35 fue del 113% (media anual 7,86%)
y la de los bonos del Estado a 10 años del 52% (media anual 4,3%), entre los
573 fondos de pensiones con 10 años de historia sólo 2 superaron la
rentabilidad del IBEX 35; 32 superaron la rentabilidad de los bonos del Estado
a 10 años, 16 tuvieron rentabilidad promedio negativa y 446 tuvieron una
rentabilidad media anual inferior al 3%6.Los
autores destacan que una de las razones del “decepcionante resultado global de
los fondos” se debe a las elevadas comisiones, siendo otras la composición de
la cartera y la deficiente gestión. Concluyen que “No es razonable la
discriminación fiscal a favor de los fondos (y no existente si una persona
construye una cartera para su jubilación). En muchos casos, los inversores
perdieron… la desgravación fiscal con la que el Estado les indujo a invertir en
fondos de pensiones en menos de 5 años”. A la vista de estos resultados está
claro que las entidades financieras que gestionan las pensiones privadas necesitan,
además de un trato fiscal ventajoso, una reducción drástica de las pensiones
públicas que presione a una parte de las personas asalariadas a acudir a las
pensiones privadas y a las organizaciones sindicales a instaurarlas y
mantenerlas a través de la negociación colectiva. Como resultado de estas
políticas incentivadoras, el patrimonio de los fondos de pensiones privadas
alcanzaba en el año 2011 en el Estado Español, según la OCDE, el 7,8% del PIB,
un porcentaje superior a países con sistemas de pensiones similares al del
Estado Español, como Alemania (5,5%), Italia (4,9%) y Francia (0,2%), países
que gastan más en la actualidad en las pensiones públicas de reparto y que en
los casos de Italia y Francia seguirán gastando más según las previsiones de la
Comisión Europea en el 2060 (14,4 y 15,1% respectivamente). En resumen, el peso
de las pensiones privadas está claramente en aumento y las medidas previstas
pretenden aumentarlo más aún.
[1]
Según cálculos de Isabel Otxoa,
en base a las estadísticas de la Seguridad Social, en “Un acceso casi vedado a
las pensiones contributivas”, https://www.diagonalperiodico.net/
[2]
“El Gobierno "tiene
prisa" en aplicar las recetas del comité de expertos”, nuevatribuna.es,
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ruesga-dice-que-el-gobierno-quiere-desligar-la-pension-del-ipc-porque-el-fondo-de-reserva-computa-en-deficit/20130611163230093344.html
[3] Véase
una síntesis de los estudios comparativos en CAMBOIS, E. y JUSOT, F., “Ampleur,
tendance et causes des inégalités sociales de santé et de mortalité en Europe:
une revue des études comparatives”, BEH thématique 2-3/23-1-2007.
[4] NAVARRO, V., “Las pensiones son viables”, El Viejo
Topo, nº 258-259, 2009,p. 24. En el mismo sentido, APARICIO, J.,” ”La subida de
la edad de jubilación, ni urgente ni necesaria: injusta”,
http://japariciotovar.blogspot.com/2010/12/la-subida-de-la-edad-de-jubilacion-ni.html,
p.3, señala que “La esperanza de vida no mide los años que viven las personas,
sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencias de
clase”.
[5] OECD, “Pension markets in Focus”,
nº 9, 2012, p. 12.
[6]
Fernández, P., Aguirremalloa, J. y Linares, P., “Rentabilidad de los Fondos de
Pensiones en España, 2002-2012 (Pension Funds in Spain, 2002-2012)”, Social
Science Research Netwoork-Working Papers Series,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2214903 (consultado el
2-5-2013)
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