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| Este lema se ha vuelto a ver en las últimas manifestacioens del 25 S y posteriores. Es también el nombre de una sección de una revista de humor (el Karma dice) y por lo que recordamos apareció en un chiste del El Roto hace varios años. Valga para ilustrar nuestro enfado ante las maniobras manipulativas del Gobierno. Si nos van a mentir, que innoven, que renueven el repertorio, por favor. |
Una vez acabado el verano nos parece un momento adecuado para volver a caracterizar la actividad normativa del Gobierno. El empeoramiento de la situación económica, la coyuntura electoral, la incertidumbre sobre ciertas decisiones transcendentes (petición del rescate) y otras circunstancias del panorama político aconsejan revisar de una manera global la actividad normativa del gobierno.
No intuimos un cambio de rumbo en
la dirección normativa sino, más bien al contrario, creemos que en este periodo
están quedando en evidencia y de manera patente algunos rasgos perennes de esa
política normativa. Las características que señalamos ahora coinciden en lo
sustancial con las indicadas en otras entradas anteriores (30 y 45-47, en
concreto). Son las siguientes.
1. Supeditación a intereses partidistas. Como
ya hizo con los Presupuestos de este año por las elecciones de Andalucía, el
Gobierno pospone las iniciativas que pudieran tener un eco adverso en las elecciones
ahora convocadas, especialmente en las de Galicia. La incesante profusión de
real decretos leyes con vocación recortadora de derechos se ha paralizado. Los
que han aparecido poseían una vocación
más coyuntural (atender a daños por incendios, por ejemplo, en el RD Ley
25/2012) que restrictiva[1].
2. Improvisación y cambios sobre la marcha.
A pesar de que la seguridad jurídica es una de los principios a mantener en
cualquier actividad normativa el gobierno se enloda en continuos cambios de
ruta, en procrastinar medidas ya adoptadas y en generar inseguridad tanto en
los foros como en los mercados. La reducción
de las cotizaciones de la SS anunciadas en el RD Ley 20/2012 es ignorada, según
parece, en el anuncio de los propuestos efectuado por el gobierno. Como ejemplo
de medida pospuesta valga la postergación del incremento de la cuantía de las prestaciones de viudedad (disposición
adicional 30 de la Ley 11/2011) que se vislumbra en los presupuestos del año 13[2].
3. Sacralización hipócrita de la norma.
Ante cualquier conflicto o manifestación política disidente se agita la bandera
de la LEY (en mayúscula), advirtiendo que esa postura queda fuera de la norma y
se la condena con un anatema. La reacción ante las acciones frente a los supermercados
llevados a cabo por el SAT, las movilizaciones del 25 S o la Diada, tan
diferentes todas ellas, han suscitado una respuesta convergente, autoritaria,
represiva y criminalizadora. Mientras tanto, los derechos contenidos en
leyes son barridos por un RD Ley, caso del derecho universal a la asistencia sanitaria
cercenado por el RD Ley 16/2012. E incluso, la propia Constitución es fácil modificable
sin consulta popular; recuérdese la veloz alteración el año pasado del art 135
al dictado de Merkel. La ley es un martillo con el que golpear o se disuelve
como un gas según interesa al Gobierno, mientras eso sí, se invoca un hierático
formalismo frente a los demás actores políticos.
4. Ideología vendida como “realidad”. Una
y otra vez el Gobierno nos informa que no hay otra forma de hacer las cosas; es
la REALIDAD (nuevamente dicha en mayúsculas) la que se impone y marca las
decisiones. Sin embargo, todos sabemos que la “realidad” se construye
socialmente y el gobierno actúa baja la proclama de la neutralidad de manera
harto ideológica. Como buen grupo conservador el PP nunca desaprovecha una
crisis para inclinar la balanza hacia los grupos que le interesan. Los recortes
en su concreción nunca son neutrales. Las
restricciones no afectan por igual a todas las partidas. Suponen un ejercicio
de redistribución que favorece a unos grupos frente a otros. No hace falta ser
un lince para comprobar a qué grupos privilegia el PP. Defensa baja un 6%, la Casa real un 4%, las
partidas que subvencionan a la Iglesia Católica obtiene incluso un ligero
incremento,… Mientras tanto el presupuesto de sanidad desciende un 22%, el de
cultura casi un 20% y alrededor del 15% el de educación. Mientras descienden las
partidas destinadas a los desempleados en un escenario de paro creciente, se postergan
los incrementos para las viudas/os más pobres y se congela el salario a los
funcionarios y empleados públicos (los impares nos toca solo congelación, los pares
además recorte salarial), las ayudas a la Banca, que no iban a costar nada
según Rajoy, elevan el déficit al 7,3% y el porcentaje de la deuda pasa del 70 al
90%.
[1]
El silencio sobre la revaloración de las pensiones o la incertidumbre sobre el
rescate obedecen a esta estrategia.
[2]
Esta norma estableció el incremento paulatino desde del 52 al 60% de la cuantía
de la pensión para aquellas personas que reunieran una serie de requisitos (podríamos
resumirlas en tener 65 años o más y no poseer otras rentas o pensiones). Es una
medida de carácter redistributivo que se pospone.
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