137. Desnacionalización retroactiva: STC de la República Dominicana 168/13, de 23 septiembre.

En la imagen el Tribunal Conitucional de la República Dominicana. Es de señalar que la sentencia 168/12 tuvo dos acertados votos disidentes de las  magistradas Bonilla Hernández y Jiménez Martínez

En la entrada de hoy, apartándonos de lo que es habitual en nuestro blog y rompiendo con el eurocentrismo del que quizás pecan nuestras entradas, nos vamos a referir a una cuestión de privación sobrevenida de nacionalidad en un país americano. Pero creemos que esta materia tiene trascendencia más allá de las fronteras de aquel país donde se suscita.

El objeto de nuestra reflexión es la Sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana 0168/13,de 23 septiembre. En ella se aborda un  recurso de una mujer nacida en 1984 en la Republica Dominicana pero de padres haitianos, temporeros en la República Dominicana. En su momento fue inscrita como dominicana en el registro de nacionales del país pero en 2008 al solicitar la cédula de identidad electoral le quitaron su acta de nacimiento, informándole que le no darían la cédula porque sus apellidos  eran haitianos.

El TC considera que la recurrente es hija de ciudadanos extranjeros en tránsito, lo cual le priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana, de acuerdo con la norma prescrita por el artículo 11.1 de la Constitución de la República de 1966. La resolución acuerda que la Dirección General de migración otorgue un permiso especial de estadía temporal en el país a la recurrente, hasta que el Plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país previsto en el artículo 151 de la Ley de Migración núm. 285-04 determine las condiciones de regularización de este género de casos. Por último, el tribunal dispone que la Junta Electoral realice una auditoría de los registros civiles desde 1929 para constituir una lista de extranjeros que se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la Constitución de la República para la atribución de la nacionalidad dominicana por ius soli (lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana)

A nuestro juicio asistimos a una interpretación restrictiva de los derechos subjetivos, basada en una aplicación retroactiva de una norma que cercena derechos básicos como la nacionalidad. Además, genera un estatus de extranjeros ilegales que no pueden alcanzar la nacionalidad por el juego del ius soli, a pesar de haber nacido en ese país y permanecer en él. Por último, posee ciertos ribetes racistas,  pues la actuación administrativa e incluso la propia resolución judicial del TC dominicano  deducen la ilegalidad de la residencia de los padres de la actora de ciertos rasgos culturales (poseer apellidos haitianos)

De entrada que la nacionalidad es un derecho y así mismo condición para otros (educativos, sanitarios, electorales,…) es algo que podemos compartir todos con facilidad. Como muestra un botón, en el derecho dominicano existe la garantía cautio judicatum solvi, por lo que un extranjero no residente no puede demandar sin efectuar un depósito previo o fianza de arraigo. La nacionalidad suele estar regido por dos principios:  ius  sanginuis y ius soli . De acuerdo al primero uno posee la nacionalidad de sus padres. Según el segundo se adquiere la nacionalidad de donde se nace. Los derechos estatales modernos suelen combinar ambos principios, en sistema mixtos, compensado posibles injusticias.

En la Constitución de la República Dominicana de 1966, aplicable a la recurrente por las fechas de su nacimiento, se exencionaba de la aplicación del ius soli a los extranjeros en tránsito[1]. Estar de transito, según el DRALE, significa estar de paso, sin residencia. Pero quien permanece, como los ilegales, no transita[2].

La sentencia del TC dominicano equipara al extranjero en tránsito con el extranjero ilegal en una interpretación forzada y retroactiva. Pero son dos conceptos distintos. De hecho la Constitución de 2010 distingue ambas categorías,[3] por lo que es obvio que un concepto no  puede subsumirse en el otro. Esta constitución es la primera que bloquea la adquisición de la nacionalidad a los nacidos en la republica dominicana  hijos e hijas de padres extranjeros sin residencia legal o ilegales. Pero en 1966 (o en 1929 en para los efectos generales) no existía esa excepción.

Así, la inscripción en el registro civil de la recurrente no fue un error ni una ilegalidad, sino la consecuencia normal de la aplicación de las normas vigentes, pues los padres  de la recurrente no estaban de tránsito. Retrotraer la excepción innovada en la Constitución de 2010 hacia atrás, repudia la conciencia jurídica por lesiva de la seguridad jurídica mínima. Y eso es lo que hace la STC de la Republica Dominicana, aplica de manera retroactiva la excepción de la  ausencia de residencia legal a momentos en que no se contemplaba, 1966 para el asunto concreto resuelto y 1929 para los efectos generales (año en que por primera vez una constitución dominicana menciona a los extranjeros en tránsito como excepción a la aplicación del ius soli). Además, el art. 18.2 de la Constitución de 2010 reconoce como dominicanos y dominicanas a quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigor de esa norma. La STC 168/13 rompe con ese reconocimiento y mediante una interpretación forzada desnacionaliza retroactivamente a la recurrente y por extensión a miles de ciudadanos.

La STC de la República Dominicana sanciona la excepción de la ausencia de residencia legal que a nuestro juicio es un estatus indeseable; nacido en un país, que permanece en él y que no puede adquirir la nacionalidad por nacimiento, por la carencia de residencia legal de sus padres. En el caso de la República Dominicana se estima en más de un millón las personas de origen haitiano que residen allí, de  las que solo unos miles poseen residencia legal. Al ordenar la sentencia expurgar los registros desde 1929 genera una revisión que afectará a 4 generaciones de personas, de tal manera que si los bisabuelos fueron extranjeros sin residencia legal entonces pueden perder la nacionalidad de manera sobrevenida sus descendientes ahora. Se genera una nueva categoría de metecos o ilotas modernos, nacidos en el país pero sin los derechos de la ciudadanía

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[1] Art.11.1 de la Constitución de 1966: “ Son dominicanos: (…) 2° Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en la República en representación diplomática o que estén de tránsito en ella”

[2] La transitoriedad de la noción de extranjero en tránsito está presente en las leyes dominicanas que limitado a 10 días esa condición de extranjero en tránsito en la Ley de Inmigración 95 de 1939.

[3] Art. 18.3 de la Constitución de 2010:”Son dominicanos (…) 3.Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de  extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros  que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se  considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en  las leyes dominicanas”