Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat valenciana, en medio de las declaraciones cínicas y populacheras a cuenta de la sentencia sobre el ERE de la RTVV. |
Seguimos con la radiotelevisión valenciana y con la reacción del gobierno valenciano a la sentencia del ERE, así con como otras reacciones en otras comunidades autónomas.
Sin duda, la RTVV estaba mal
gestionada; la propia tramitación del ERE a la luz de la decisión del Tribunal
es un ejemplo de esa errónea gestión. Una excelente presentación de la manera
chapucera de cómo se desarrolló la designación de los trabajadores en el ERE
puede verse en el corto realizado por los trabajadores: Expediente de regulación de enchufes. La deuda acumulada, que supera
los mil millones, es inconcebible e inexplicable. Y posiblemente la plantilla estaba
muy sobredimensionada (la plantilla de Antena 3 es de unos 300 trabajadores). Pero, todas las decisiones al respecto las han tomado
quienes ahora deciden cerrar la empresa como manera de eludir el cumplimiento
de una resolución judicial.
En declaraciones efectuadas hoy
el presidente de la Generalitat valenciana
afirma que "No tenemos 40
millones de euros para satisfacer la readmisión de los trabajadores" tras
la sentencia del TSJCV ya que se necesitan "para servicios sociales".
De ahí se desprende que el anuncio del cierre se presente como una voluntad de eludir la readmisión de los trabajadores. Pero, si esto es así se trata de
una razón equivocada pues el cierre posterior no impide la obligación de
readmitir a los trabajadores despedidos y del abono de las cantidades debidas.
Después vendrá el cierre que también implicará costes de despido.
Con este tipo de reacción parece
querer trasladarse la responsabilidad de
la decisión del cierre del ente televisivo a la decisión judicial, lo cual
además de infantil es erróneo. Durante años han usado y abusado de la Televisión
valenciana en su propio beneficio y ahora la cierran en un ejemplo más de mala
gestión. El ente radiotelevisivo deberá de sostenerse si ofrece un servicio
necesario y cerrarse en caso contrario. Los costes pueden equilibrarse, dependen
de la gestión, pero patalear y cerrar la empresa en una especie de insumisión a
la decisión judicial es patético y otro ejemplo más de decisión errada. Esa
mala gestión solo se cura con la dimisión del político responsable, no con el cierre
del servicio. Como un morro extremo y lleno de un cínico populismo Alberto Fabra
asevera que “No cerraré un colegio por una televisión inasumible”. ¿Quién ha hecho que sea inasumible esa
Televisión? ¿Los tribunales? ¿los sindicatos? ¿No son, acaso, los propios
gestores las causantes de este delirio?
Además, esa imputación a los 40
millones que costaría la readmisión de los trabajadores como la causante del
cierre es falaz, pues por un lado la sentencia debe cumplirse (salvo recurso de
casación) sin que el anuncio de cierre interfiera en esa obligación y por otro
ese coste es un mínima parte de lo dilapidado en la gestión de RTVV
El gobierno valenciano centra en
la Directora del ente radiotelevisivo la responsabilidad de la nulidad del ERE
y, por ende, de la decisión del cierre de RTVV, pero para ese cargo alguien la eligió,
no le toco en una tómbola, creemos.
En un sentido similar a las declaraciones
de Carles Fabra, Ignacio González (Presidente de la Comunidad de Madrid) ha
declarado que "no tendrá otra alternativa" que
cerrar Telemadrid si los sindicatos "lo hacen inviable”. Nuevamente
prepotencia y cinismo en la imputación de la culpa al otro. Aquí se encuentra
recurrida ante el TS por la parte sindical la sentencia del TSJ de Madrid sobre
la decisión extintiva, que afecta en este caso
son 861 trabajadores. Sin embargo, Ignacio González, plantea un chantaje en
toda regla, ya que si los sindicatos no
aceptan los despidos amenaza con el cierre de Telemadrid, en una nueva insumisión a lass decisiones judiciales
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