viernes, 17 de octubre de 2014

174. El PP contra la RGI, populismo y xenofobia cara a las elecciones

Javier Maroto el día que presentó sus 7 medidas para modificar el RGI el pasado 7 de octubre, una forma de marear la perdiz electoral. 


Asistimos estos días a una campaña del PP en el País Vasco en contra de la Renta de Garantía de Ingresos.  Iniciada por el alcalde de Vitoria Javier Maroto, de manera directa se dirige en contra del abuso en la percepción de este subsidio, pero en el fondo late una posición populista y xenófoba, que se enlaza con un visión populachera y de extrema derecha, habitual en casos de crisis, que reivindica las prestaciones para los nacionales del propio país y que ve a los inmigrantes como abusadores del sistema (por ejemplo, defendida por Le Pen en Francia o por el Amanecer Dorado en Grecia). Hoy, día internacional para erradicar la pobreza, dedicamos esta entrada a esta propuesta.


Vayamos por partes, la propuesta de Maroto busca la restricción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) mediante 7 modificaciones entre las que se incluyen una mayor exigencia temporal de empadronamiento (pasaría de 1 a 10 años), la exclusión de los emigrantes ilegales, la inclusión de la prohibición del envío del dinero al extranjero[1], la exigencia de cotización previa o la obligación del preceptor de efectuar trabajos de colaboración pública[2]. Además, en su discurso Maroto denuncia expresamente que los extranjeros procedentes de Magreb son excesivos y  se aprovechan del sistema (literalmente afirmó que viven “en su mayoría de las ayudas y no quieren trabajar”). De ahí que la mayor parte de sus medidas están destinadas a excluir a los extranjeros del RGI, aunque rechaza que sea racismo. De paso, si pueden disminuir el estado de bienestar, los del PP tampoco le hacen ascos.
El populismo de la propuesta se marca tanto en querer alagar una imagen extendida en todos los países (también en el nuestro)  que identifica a los extranjeros como parásitos del sistema y defraudadores (mientras nos obligan a fijarnos en otros pobres, quizás olvidemos de los ricos) como por el vehículo empleado, pues los del PP pretenden reunir 30.000 firmas para presentar una Iniciativa legislativa popular (ILP), instrumento no pensado para que los partidos con representación presenten propuestas legislativas (tienen otras fórmulas). De hecho, el PP planteó una enmienda en otro texto legislativo para que los parlamentarios no pudieran presentar una ILP
La renta de garantía de ingresos es un instrumento contra la pobreza, que posibilita que el riesgo de exclusión en Euskadi sea menor y que la  integración social sea mayor que en otros territorios. Aun así, la población en riesgo de exclusión social y pobreza es del 20% en nuestro ámbito. Este sistema de protección social en una serie de prestaciones económicas de 3 tipos; renta básica para la inclusión y la protección social, renta complementaria de ingresos de trabajo y una ayuda para acceder a la vivienda
La regulación actual del sistema de protección social, que tiene una antigüedad de 25 años en el País Vasco) se contiene en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (en la  redacción dada por la Ley 4/2011 de 24 de Noviembre) y los Decretos 147/2010 de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos y 2/2010, de 12 de enero, de Prestación complementaria de vivienda.
Sin entrar en pormenores baste a los efectos de esta entrada precisar que el art. 16 de la Ley exige una serie de requisitos: ser una unidad de convivencia, estar empadronado y tener una año al menos de residencia efectiva, no disponer de recursos efectivos y ser mayor de 23 años (que se reduce a los 18 años en ciertos supuestos). Además la cuantía del subsidio varía desde el 88% del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta 125% del SMI en función del número de personas de la unidad de convivencia, y el subsidio tiene carácter bianual  renovable.
Yendo al fondo del asunto se deben efectuar las siguientes críticas ante esta propuesta  electoralista del PP:
1. Lo primero que tenemos que precisar es que el gasto para sostener este sistema es de unos 400 millones de € en 2014 y el fraude en cualquier caso será de una parte relativa de esa cantidad. El PP se dirige a limitar los derechos de integración social y de los que menos tienen y, sin embargo, el mismo día que plantea una iniciativa en el parlamento vasco en esa dirección, suspendida al final por el plante del resto de grupos, se ha tenido conocimiento de la declaración de ilegalidad de una serie de ayudas a las grandes empresas (Telefónica, Banco Santander e Iberdrola, por ejemplo) otorgada por el gobierno del PP.
Se trata de una modificación del criterio del ministerio efectuado en el gobierno de Rajoy en marzo de 2012, que permitía deducir de manera retroactiva la compra de participaciones financieras de empresas fuera de la UE como ayudas fiscales. Para que nos situemos en una sola compra de activos (de la brasileña Vico) a Telefónica se le permitía deducir 4000 millones.
Mientras el PP presiona para restringir el derecho de los más pobres, no tiene ningún reparo en aumentar de manera ilícita las rebajas a las multinacionales, que ahora habrá que devolver.
2. Aunque pueda ofender cierta sensibilidad de los nacionales la mayor presencia estadística  de los extranjeros en esta prestación es perfectamente normal, pues en ellos se concentra en mayor grado la posibilidad de pobreza y de exclusión social[3]. De la misma manera se podría señalar que el 57,9 % de los perceptores del subsidio son mujeres frente a un escaso 42,1% de hombres. Según los datos estadísticos de septiembre de 2014, los nacionales del estado suponían un 59% del total de perceptores, a los que habría que sumar un 3% más de ciudadanos de la EU, asimilados a estos efectos a los propios ciudadanos. Del área del Magreb proviene un 9,3% de los beneficiarios.
La mayor presencia de unos colectivos en este sistema de integración social solo nos indica cual es la radiografía de la pobreza en nuestro territorio; tiene rostro de mujer y rasgos extranjeros.
Por otro lado, hay que subrayar que la existencia de este sistema de garantía de ingresos no ha generado un efecto llamada apreciable, pues la presencia de extranjeros es menor en el País Vasco que el conjunto del  Estado español; a datos de principio de esta año mientras que en el conjunto del estado los extranjeros llegaban al 10%, en Euskadi su porcentaje se queda en un 7,38% del total de la población de Euskadi. De manera específica también los originarios del Magreb tienen un peso relativo inferior en Euskadi (cerca del 1%) que en el conjunto del Estado (donde se aproxima al doble).
3. Por último en cuanto al pretendido abuso el propio PP reconoce que no tiene datos acerca del fraude social que pretende denunciar (Noticias de Álava 15 de octubre), o sea que el PP toca de oído, sin partitura ni aval. Debemos precisar que el art. 24 de la Ley 18/2008 fija una revisión trimestral por parte de Lanbide de los requisitos que se someten al control telemático sin perjuicio de que efectúe cuantas revisiones estime oportunas. Por supuesto que la normativa establece una serie de obligaciones para los preceptores (entre ellas comunicar cualquier variación respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la prestación), según el art. 19 de la Ley 18/2008 deben negociar, firmar y cumplir un convenio de inclusión social (regulado en el art. 65 y ss de la Ley 18/2008), en el marco del cual la administración debe verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario de las ayudas.
Es posible que el cambio de la potestad de las diputaciones al Gobierno vasco producida en diciembre del 2011, concentrándose en el Servicio Vasco de empleo esa capacidad, ha podido incrementar transitoriamente un cierto descontrol. Pero si se dan casos de fraude persistentes es problema de las propias administraciones públicas[4].
Por tanto a pesar de que sea posible mejorar el control y evitar, por ejemplo, la cronificación en esta situación de dependiente de la RGI, se debe subrayar que el sistema de inclusión y de garantía de ingresos, ayuda a la integración y disminuye la repercusión de la pobreza, extremo deseable en la actual coyuntura.
EL PP recurre a halagar los instintos más primarios de la población para intentar remontar su descenso electoral, aunque así incremente la incidencia de la pobreza y la exclusión electoral. Esta propuesta no es más que una liebre electoral para despistarnos y no hablar de lo importante, de la política económica y social del PP que nos ha traído hasta aquí..





[1] Inclusión superflua  pues en la actualidad la normativa ya recoge que se debe destinar todo la cuantía de la prestación a cubrir las necesidades básicas de la unidad de convivencia y en su caso de las necesidades de inclusión social (art. 19 1.a de la Ley 18/2008) y de no hacerlo así, mandando remesas al extranjero, se estaría faltando a las obligaciones básicas que les fija el cobro de al prestación.
[2] Esta última medida nos llama la atención por redundante, pues ya se contempla en la actual legislación; el art. 19 i bis de la Ley 18/2008 marca la obligación de los perceptores y de los miembros de su unidad de convivencia que estén en edad laboral mantenerse disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
[3] Según recoge el  anuario de inmigración en el País Vasco de 2013, a datos de 2012 la tasa de pobreza entre la población extranjera se situaba en un 26,8%, mientras que en el resto de la población ese índice se encontraba en un 3,8%. No es extraño su mayor presencia relativa en este instrumento de inclusión social.
[4] Es cierto que se dan casos puntuales que alarman a la sociedad, por ejemplo un yihadista muerto en Siria que seguía cobrando esta prestación de manera ilícita, presentándose otra persona a los controles periódicos.

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