miércoles, 17 de diciembre de 2014

186. Giro social o maquillaje electoral; Acuerdo sobre el programa extraordinario de Activación para el empleo

En la foto se puede ver la firma del Acuerdo, donde Mariano mira desde lejos y con reluctancia a los sindicalistas, ¡ni se lo cree la foto que ha conseguido!

En estos días hemos asistido a la escenificación de primer  pacto social de la legislatura de Mariano Rajoy. Esta recuperación de una medida ya conocida, unido a otros guiños sociales nos anuncia que llegan tiempo de elecciones.

En el discurso hipócritamente eufórico del gobierno se ha decretado que la crisis ya ha pasado, y a regañadientes se acepta que las “secuelas” de esa crisis todavía están ahí. Supuestamente a  paliar esas dificultades se dirigirían los movimientos del gobierno que comentamos.
Sin embargo, la crisis no es algo del  pasado, nos encontramos en un bucle económico de inciertos contornos, donde concurren muchos claves no controlables por el gobierno, el precio del petróleo (inusualmente bajo a día de hoy), la inestabilidad económica  que puede posibilitar un contagio o la atonía en el crecimiento económico global (donde los grandes actores crecen de manera inferior a los años previos),…
La intervención  del gobierno durante estos 3 años ha ido dirigida a
1. Intervenir en el mercado laboral y en la regulación de las relaciones asalariadas para propiciar una devaluación interna, aumentado el margen empresarial, a la vez que disminuyen  los derechos laborales y sociales.
2. Publificar  las deudas privadas  de los causantes de la burbuja inmobiliaria, con un casi nulo control de las conductas que condujeron a esa quiebra.
3. Propiciar una política a favor de los acreedores, asegurándoles  incluso normativamente la preferencia del pago de las deudas, por  encima de los derechos  de los ciudadanos.
Por supuesto, estas políticas pueden propiciar el  aplauso empresarial y la aceptación de los acreedores, pero no solventan los problemas de fondo que ocasionaron la explosión de la burbuja inmobiliaria. Además, la  política económica del  gobierno ha ocasionado grandes costes sociales, aumento de la desigualdad y crecimiento exponencial de  deuda pública y estanflación (cinco meses con crecimiento negativo del IPC ),…Pero, en cualquier caso,  la intervención en  la regulación laboral y otras medidas restrictivos no pueden resolver la crisis, pues no se encontraba allí el problema.
Volviendo a las medidas anunciadas estos días, algunos, muy optimistas, hablan de giro social para identificarlas. Además de la ayuda de 426€ para los parados sin prestaciones, se incluyen también el anuncio de la congelación del precio de la energía, y el estudio del incremento del salario mínimo entre el 0,5 y el 1% para el próximo año (a pesar de la anunciada congelación del SMI hasta ahora). Además se filtra la posibilidad de algún tipo de ayuda familiar.
Si analizamos incluso someramente estas iniciativas se comprueba que se configuran como medidas coyunturales, más  ayudas que derechos, y cuya aprobación hoy no impide que, tras las elecciones se  tomen decisiones de signo contrario (la congelación del precio de la energía en enero, no impide que se adopten masivas subidas en otros momentos post-electorales). Se aproximan elecciones y se multiplicarán los guiños para rascar apoyos, y se buscaran gestos denodadamente para  hacer olvidar toda la política restrictiva de derechos que ha caracterizado esta legislatura.
Sin entrar a analizar de manera pormenorizada el pacto social firmado el 15 de diciembre, rimbombantemente  denominado Acuerdo sobre el programa extraordinario de Activación para el empleo, señalamos a continuación algunas características del mismo.
En puridad es el primer pacto social firmado por este gobierno, que necesitaba esa foto para maquillar un poco su política restrictiva de derechos sociales. Más allá de alguna diferencia de énfasis, el acuerdo recupera la prestación extraordinaria contemplada ya en el art. 5 de la Ley 14/2009, de 11 de noviembre[1].
 Antonio Baylos afirma que el efecto legitimador de este acuerdo es casi inexistente, y si él lo dice así será, no le vamos a llevar la contraria. Sin embargo, deberíamos sopesar si no conlleva también una pérdida de legitimidad para los agentes sociales (en concreto para los sindicatos firmantes): ¿Era imposible conciliar el pacto con la crítica? ¿Debían aparecer los secretarios generales en la foto?,…
Aunque se articula como una iniciativa encaminada a insertar en el trabajo a desempleados sin derecho a prestaciones, en la práctica se concreta en el derecho de estos parados a recibir una subvención durante 6 meses. La cuantía se corresponde con el 80% del IPREM (426€). Es una medida temporal que se extiende desde el 15 de enero de 2015 hasta el 15 de abril de 2016. Es de resaltar que se exige al desempleado:
           1. Haber tenido una relación laboral y que la última en todo caso se hay extinguido por motivos ajenos al trabajador.
                2. Que carezca de protección, siendo incompatible con cualquier otro tipo de subvención (como el RGI)
                3. Que no posean rentas y tengan sin embargo cargas familiares de acuerdo con el art. 215 LGSS
             4. Que figuren como demandantes de empleo al 1.12.14, habiendo estado  inscritos durante 12 meses en los últimos 18 meses anteriores a la solicitud.
                Además se les exige además un compromiso de actividad que conlleva haber efectuado una búsqueda activa de empleo, participar en las políticas de empleo que se le ofrezcan y no rechazar ninguna propuesta de trabajo que le llegue[2].
Aunque en diversos medios de comunicación[3] se expone que la subvención es compatible con el empleo, pudiendo el empresario deducir del salario la cuantía de la subvención, en el texto actual no se contempla esta posibilidad. Si en el desarrollo normativo se incluye este aspecto sería muy de lamentar e inaceptable, pues al final las subvenciones al desempleado quedarían en manos del empresario, que podría pagarle menos que el salario mínimo. Una subvención de desempleo  para parados de larga duración termina minorizando el coste laboral y aumentando el margen de beneficio empresarial: ¡Menuda paradoja!
Por supuesto, que siempre es positivo aumentar, aunque sea de manera temporal, la cobertura de las prestaciones a los desempleados (se calcula que lo hará en un 7%), pero es obvio que se trata de un  movimiento torpe de corte electoral.



[1] Prorrogada por el Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero y el  Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de agosto. Con posterioridad el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero posibilitó una ayuda similar que también fue objeto de prórroga. Y con el gobierno del PP se mantuvo durante un tiempo estas subvenciones, por el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto y por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.
[2] No hay referencias a una determinada edad, ni menciones especificas a determinados grupos de trabajadores (víctimas de la violencia de género, por ejemplo)
[3] El Diario. 14.12.14, por ejemplo.

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